Un comunicado divulgado por la Cancillería uruguaya señala que la resolución del juzgado de Vielha, que sentenciaba a la madre a dejar a su hija en el Consulado General de Uruguay en Barcelona para que el padre la recogiera allí minutos después, coloca al Estado uruguayo en "un papel en la ejecución de la sentencia que no es conforme al Derecho Internacional".

Para el Gobierno uruguayo, la sentencia española "desconoce la inviolabilidad de los locales consulares" prevista por la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares. En ese sentido, la Cancillería afirmó que la resolución de la Justicia española constituye una "extralimitación grave".

La situación de la niña, que actualmente tiene siete años, se judicializó en 2016. La madre, llamada María y de nacionalidad uruguaya vivía en España y decidió visitar su país natal junto a su hija luego de separarse del padre de la menor. Si bien tenía previsto regresar a España, una serie de señales de la niña —como dibujos o reacciones ante figuras masculinas— la alertaron sobre la posibilidad de que hubiera sido víctima de abuso sexual.

La mujer denunció el caso ante la Justicia uruguaya, al tiempo que el hombre presentó una denuncia en territorio español por lo que consideró la sustracción de la niña sin su consentimiento.

Ambas partes dieron inicio a una batalla legal que implicó que la niña fuera sometida a peritajes en Uruguay en varias oportunidades. Los técnicos en Uruguay indicaron que la niña había sido sometida a violencia sexual y aconsejaron que la menor no fuera restituida a España. Sin embargo, la Justicia española desestimó los informes uruguayos y a mediados de 2018 se determinó que debía volver a territorio español.

De vuelta a España, la madre continuó la denuncia contra el exmarido por abuso sexual de la hija, pero fue archivada en febrero de 2019. La tenencia de la niña continuó en la órbita civil, que a fines de septiembre decidió que la menor debía quedarse con el padre, con un régimen de visitas para la madre. En ese marco, el tribunal dispuso que la entrega de la menor a su progenitor se realizaría a través del Consulado Uruguayo.

Según reportó El Periódico de España, la madre se presentó junto a la niña y su abogado antes de las 10:00 de la mañana en la sede del consulado, escoltada por un coche de los Mossos d’Escuadra (Policía de Cataluña). Cuando el padre llegó al lugar, también con su abogado, las autoridades del Consulado le notificaron que no cumplirían con la sentencia judicial. 

Más tarde, la Cancillería de Uruguay comunicó que el embajador uruguayo en España, Francisco Bustillo, se entrevistó con autoridades de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores del país europeo para manifestar la "preocupación" de Uruguay por la situación.

Tras la resistencia de Uruguay, la Justicia decidió aplazar la "entrega" de la niña a su padre hasta el miércoles 9 de octubre.

Mientras tanto, en Uruguay, decenas de organizaciones sociales se movilizaron para defender el derecho de la niña a permanecer junto a su madre en el país suramericano. Desde que el caso se hizo público, organizaciones feministas y de Derechos Humanos se articularon en torno a la consigna 'María no se va'.

La campaña tuvo eco también en organizaciones sociales de Cataluña, que también se solidaron con la madre y la niña, y entidades internacionales, como Amnistía Internacional.Sputnik 

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