"No cambio mi dignidad por mi libertad", dice el líder izquierdista en el texto manuscrito, en el que añade que los procuradores de la Operación Lava Jato "deberían pedir disculpas" al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a su familia por el daño que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país.

El expresidente está preso desde abril de 2018, y la semana pasada la Fiscalía pidió que pasara a régimen semiabierto por haber cumplido ya un sexto de su condena total (ocho años y diez meses) en prisión.

En la carta, Lula asegura que ya demostró que las acusaciones que se hicieron contra él son falsas y que son los procuradores los que están "presos" a las mentiras que contaron a Brasil y al mundo.

"Ante todas las arbitrariedades cometidas por los procuradores y por Sérgio Moro, cabe ahora al Tribunal Supremo corregir lo que está equivocado, para que haya Justicia independiente e imparcial, como le corresponde a cualquier ciudadano", expresó Lula.

El expresidente cierra la misiva subrayando que está seguro de su estrategia: "Tengo plena conciencia de las decisiones que tomé en este proceso y no descansaré hasta que la verdad y la Justicia no vuelvan a prevalecer".

La jueza que se encarga de hacer cumplir la condena de Lula, Carolina Lebbos, respondió a la petición de la Fiscalía encargando a la Policía Federal un informe sobre la conducta del expresidente, así como una consulta a sus abogados, un paso protocolario previo a su paso al régimen semiabierto.

Con su decisión de este lunes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) permanecerá en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur de Brasil).

En entrevistas recientes a la prensa, Lula ya había dejado entrever que sólo aceptaría dejar la cárcel cuando se le absuelva de todos los cargos, e ironizó diciendo que no iba a ponerse una tobillera electrónica como si fuera una paloma.

Su defensa intenta que el Tribunal Supremo anule todo el proceso y lo declare inocente de todos los cargos en base al argumento de que fue víctima de una persecución orquestada entre los procuradores y el exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

El expresidente fue condenado por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la recepción de un apartamento de manos de OAS, una de las contratistas de Petrobras implicadas en la trama destapada por la Operación Lava Jato. Sputnik

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