"Audiencia histórica: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compromete con la crisis climática", informó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina en un comunicado.

La presidenta de la institución Esmeralda Arosemena de Troitiño, junto a las comisionadas Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz, escucharon las advertencias sobre las consecuencias que tiene el calentamiento global en grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres, menores de 18 años y comunidades rurales.

"Las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que, en efecto, menos han contribuido a la crisis climática", advirtieron los comparecientes.

Los expositores relataron los daños que realizan al medio ambiente la contaminación, la fractura hidráulica(conocida como fracking), el extractivismo, la minería, y la deforestación.

Las instituciones ambientales reclamaron que las empresas, en concreto las transnacionales y las instituciones financieras, se vean obligadas a cumplir los derechos humanos, dado el papel tan crucial que desempeñan al contribuir al cambio climático.

Por ello reclamaron la labor que puede impulsar el Sistema Interamericano"para generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos que aseguren el acceso a información ambiental y eviten conflictos de interés en procesos de toma de decisión pública".

En ese marco, la CIDH debe convertir la emergencia climática en un asunto prioritario, con el impulso de peticiones y medidas cautelares que evalúen las acciones de los Estados y con propuestas que alienten una transición energética que deje de poner en peligro los ecosistemas.

Las entidades que se presentaron ante la CIDH fueron la Alianza Hondureña para el Cambio Climático (AHCC, Honduras), AIDA (regional), Centro Argentino de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México), Conectas (Brasil), Dejusticia (Colombia), DPLF (regional), y EarthRights International (regional).

Además participaron Engajamundo (Brasil), la Fundación Pachamama (Ecuador), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS, Argentina), FIMA (Chile), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, regional), el Instituto de Defensa Legal (IDL, Perú), FARN (Argentina) y la Ruta del Clima. (Costa Rica).

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