La protesta tuvo lugar frente a la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) y contó con la presencia de algunos familiares de la niña, como su tía Danielle Félix: "Si no estamos aquí hoy este caso va a caer en el olvido y van a decir que Ágatha estaba en medio de una operación [de la policía contra el narcotráfico]y que le dio una bala... y eso es lamentable, porque no fue lo que pasó", criticó en declaraciones a varios medios, entre ellos Sputnik.

La noche del 20 de septiembre, Ágatha fue baleada dentro de una furgoneta en la que viajaba en la favela Complexo do Alemao, en la periferia norte de la ciudad; los testigos y la familia aseguran que agentes de la policía dispararon hacia una motocicleta cercana pero que los tiros atravesaron la furgoneta e hirieron por la espalda a la niña, que murió poco después.

En la protesta predominaron las pancartas con el lema "Paren de matarnos" o "Las vidas negras importan" y duras críticas al gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de quien depende la política de seguridad, llamado de "fascista" y "asesino".

El gobernador lamentó la muerte de la menor pero remarcó que su estrategia para la política de seguridad es correcta y está dando sus frutos, porque el número global de muertes violentas está disminuyendo.

Los manifestantes, la gran mayoría de ellos simpatizantes o miembros de partidos políticos de izquierda o colectivos del movimiento negro, remarcaron que la "guerra" contra el narcotráfico es en realidad una guerra contra la población negra y pobre que vive en las favelas.

La diputada Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil (PCdeB) fue abucheada por un pequeño grupo de anarquistas cuando tomó la palabra, a lo que ella reaccionó sorprendida por el desprecio a las muestras de solidaridad del parlamento y pidiendo unidad en la izquierda, lo que generó fuertes aplausos entre la mayoría de los manifestantes.

El mismo día, los principales partidos de la izquierda brasileña presentaron una denuncia formal contra Witzel ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, pidiendo que se lo responsabilice por su "política de exterminio" y por delitos que viene cometiendo presuntamente la Policía Militar.

"Ágatha no forma parte de una excepción, sino de una regla de mucha violencia y mucho derramamiento de sangre por la política de seguridad que se ejecuta en favelas y periferias", lamentó en declaraciones a Sputnik la diputada Dani Monteiro, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

La diputada izquierdista, negra y originaria de una favela, remarcó que esos barrios son hogares de trabajadores pobres que son "constantemente violados por las operaciones policiales, con escuelas sin clases, sin clases por los tiroteos, centros de salud cerrados, casas marcadas con balas, criticó.

"No aguantamos más, esta política genocida tiene que parar. Witzel tiene que ser responsabilizado por esas muertes para revertir una lógica que también mata a muchos policías", remarcó.

Otros activistas, en cambio, recordaron que las muertes de inocentes en favelas no son una novedad, a pesar de que por primera vez en el Poder Ejecutivo hay un discurso más duro con los sospechosos (el gobernador sugirió que la policía disparase "a la cabecita" a cualquier portador de un arma de fuego).

André Constantine, representante del colectivo "Parem de nos matar" (Paren de matarnos) y vecino de la favela de Babilonia, tomó el megáfono para afirmar que "el genocidio del pueblo negro" no es una política de un Gobierno puntual, sino una política "de Estado".

"Cada 23 minutos, un joven negro muere asesinado en Brasil, de cada 100 personas asesinadas en Brasil, 77 son negras (…) desde la falsa abolición el negro fue abandonado a su propia suerte, ¿y qué le quedó? Las calles, las cárceles, las favelas…", criticó.

En lo que va de año, 15 menores fueron baleados en Río de Janeiro, y cinco de ellos murieron, según un recuento de la ONG Rio de Paz; todos ellos son negros.

Según datos oficiales del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, en los ocho primeros meses de 2019 la policía mató a 1.249 personas en el estado, un 16% más que en el mismo periodo de 2018, lo que supone un récord histórico.

En Río de Janeiro, la proporción de homicidios provocados por la policía dentro del total es del 30%.

En la capital ya llega al 40% de media, y en 15 zonas controladas por otras tantas comisarías la policía ya está detrás de la mitad de las muertes.

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