"Los gobiernos de Uruguay y México reiteramos, al igual que lo hicimos el 6 de febrero en Montevideo, que la vía del diálogo y la negociación es la única aceptable para alcanzar una solución pacífica a la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela" y señalaron que apoyarán "cualquier tipo de iniciativa de diálogo incluyente entre venezolanos que privilegie la paz y el respeto irrestricto a los derechos humanos ", según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, indicaron que ambos gobiernos apuestan a que los diálogos se den "en un marco inclusivo de civilidad y paz, a fin de lograr soluciones reales y democráticas que fomenten la confianza entre las partes".

Venezuela sufre una crisis política y económica que se intensificó en enero pasado cuando el líder opositor Juan Guaidó se declaró "presidente encargado" del país.

EEUU y otros 54 países han respaldado a Guaidó, pero Rusia, China, Cuba, Bolivia, Turquía han dicho que reconocen al presidente Nicolás Maduro como el único mandatario legítimo de Venezuela.

En tanto México y Uruguay ya se habían declarado neutrales y propuesto un diálogo entre las partes para superar la crisis.

México y Uruguay, junto a 14 países de la Comunidad del Caribe, propusieron el 6 de febrero el Mecanismo de Montevideo, al que luego se sumó Bolivia.

Se trata de una propuesta en cuatro fases: diálogo inmediato, negociación, firma de acuerdos e implementación con acompañamiento internacional.

La cancillería uruguaya afirmó que ambos países valoran la liberación por orden de un juzgado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, diputado Edgar Zambrano,

México y Uruguay exhortan "a las autoridades venezolanas a proseguir con los esfuerzos para la liberación de todas las personas que se encuentren en circunstancias similares, en el marco de ese esfuerzo", indicó la cancillería.

El parlamentario fue puesto en libertad un día después de que algunos pequeños partidos de oposición, encabezados por el diputado Timoteo Zambrano, firmaron un documento de inicio de un proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

En él se acordó la liberación de políticos detenidos, la renovación del Consejo Nacional Electoral, el repudio de ambos sectores a las sanciones de Estados Unidos y la defensa común del territorio del Esequibo, disputado con Guyana.

Este proceso de diálogo surge en paralelo a conversaciones que se iniciaron con la oposición, bajo la mediación de Noruega, como vía para resolver la crisis política que enfrenta la nación caribeña desde que comenzó el nuevo período (2019- 2025) presidencial de Maduro.

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