La reiterada promesa de liberar presos políticos incluida en el pacto firmado el lunes por un grupo de opositores venezolanos y el Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes a usarse con cuentagotas. El fiscal general, Tarek William Saab, anunció a través de un tuit la decisión de otorgarle medidas cautelares al diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, recluido en el Fuerte Tiuna desde mayo. Al final de la tarde se supo la decisión que tomó la Comisión de la Verdad y la Tranquilidad Pública. La excarcelación, un recurso usado antes en las negociaciones, se produjo poco después. "Mi prisión es injusta, una violación de la Constitución y de la inmunidad parlamentaria. Esperemos que a partir de mañana se produzcan 58 libertades más", declaró al salir.

Esta misma instancia liberó en junio de 2018 un centenar de presos políticos, como moneda de cambio tras la crisis que generó la reelección de Maduro en unos comicios injustos y sospechosos de fraude. Pese a las liberaciones, las celdas volvieron a llenarse con perseguidos por el régimen, una cifra que actualmente alcanza 478 prisioneros. Zambrano fue despojado de su inmunidad parlamentaria y detenido por funcionarios del servicio de inteligencia, Sebin, que se lo llevaron remolcado en una grúa, por su negativa de salir de su carro cuando fue abordado el pasado 8 de mayo. Se le acusaba de conspiración por la operación militar frustrada del 30 de abril. En casi cuatro meses de prisión, no pudo nombrar defensores y fue sometido a aislamiento e incomunicación. "La liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional y [del] informe de Bachelet, no una 'gentileza' de la dictadura", manifestó Juan Guaidó en las redes sociales. "Lo dijimos hoy: jamás debieron estar tras las rejas. Es un logro de quienes no nos rendimos".

A pesar de esta medida, que impone a Zambrano un régimen de presentación cada 30 días y la prohibición de salir del país, el chavismo no cumplió el compromiso de regreso de los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional. El Parlamento aprobó en su sesión ordinaria un documento en respaldo a su presidente que también retomaba la exigencia de poner en libertad a los presos políticos. "Ojalá los liberen a todos, con libertad plena", dijo Guaidó.

El despliegue policial que había en torno al palacio legislativo este martes fue excesivo. Y también lo fueron las expectativas de un choque. Nunca llegaron los diputados del oficialista PSUV, que el pasado lunes habían anunciado su regreso a los curules que abandonaron en 2017. Las 55 sillas que obtuvieron en 2015 estuvieron vacías y, en cambio, el resto de la cámara cerró filas en torno a Guaidó, como presidente del Parlamento y encargado de la transición, respaldada por más de 50 países, hasta que Maduro salga del poder o se realicen unas elecciones libres con poderes públicos independientes.

Hace unas semanas un grupo de partidos a los que les correspondía asumir la directiva del Parlamento a partir del 5 de enero de 2020 -según el acuerdo político firmado en 2016- había cedido su turno a Guaidó para que continuara al frente de la cruzada para salir de la crisis institucional que ahoga a Venezuela. Ahora, el apoyo es pleno e incluyó la ratificación de la vigencia del ente, reconocido por gran parte de la comunidad internacional como la única institución legítima electa democráticamente en el país.

Este punto, de acuerdo con los argumentos dados por el segundo vicepresidente, Stalin González, quien presentó el texto, busca blindar al poder legislativo ante la posibilidad de que la justicia de Maduro intente eliminarlo, porque uno de los acuerdos del repentino pacto firmado con el grupo de opositores es la realización de elecciones legislativas en el corto plazo, aun cuando el período se vence a finales del año próximo.

El acuerdo respalda la propuesta que los enviados de Guaidó habían presentado en Barbados, en la mesa de mediación auspiciada por Noruega, y que el líder de la oposición reveló horas antes de que se firmara sorpresivamente el pacto entre sectores de la oposición y funcionarios de Maduro. Esta opción define la ruta a seguir a partir de ahora, que no dista mucho de lo que tiene nueve meses intentando la oposición: una transición sin Maduro, pero con actores como la Fuerza Armada Nacional y llevada por un Consejo de Gobierno que conduzca a unos comicios legítimos.

Durante el debate intervino el diputado José Antonio España, representante de Cambiemos, parte de la llamada Concertación por el Cambio que pactó con el chavismo. El parlamentario aseguró que el acuerdo era una oportunidad para que la Asamblea Nacional saliera del “desacato” en que la declaró el Supremo en 2017, sin argumentos jurídicos reales, y que se ha convertido uno de los hitos más graves en el desmantelamiento de la democracia en Venezuela, y se suma a una decena de bloqueos sistemáticos del Gobierno de Maduro a las vías democráticas para salir a la crisis política, como la del referéndum revocatoria abortada por tribunales en 2016, la realización de elecciones en condiciones injustas el 20 de mayo de 2018 y más recientemente el abandono de las negociaciones iniciadas en Oslo.

La jugada del pacto adelantado, repetida por el chavismo en otras oportunidades para dividir, esta vez parece haber creado unidad ante la figura de Guaidó que ya había anunciado que comenzaba una “difícil y crucial etapa” por el agotamiento de los mecanismos de mediación en Barbados, luego de 40 días de abandono de la mesa de parte de los representantes de Maduro. Incluso los diputados más radicales, como los de la llamada fracción del 16J, siempre críticos con la participación en los diálogos, se sumaron al acuerdo y dieron el respaldo al líder de la oposición.

“Hay una sola estrategia que es un cuerpo parlamentario unido. Pónganse de acuerdo entre ellos a ver si vienen la semana que viene y aportan algo. Agradezco el respaldo a mi persona. Eso indica el desprendimiento que tenemos todos, que nosotros también lo pusimos en la mesa de Barbados. Acá nadie está buscando un cargo sino una solución a la crisis del país que pasa por el cese de la usurpación", dijo Guaidó en su intervención.

La posible incorporación de los diputados chavistas tuvo, sin embargo, algunas objeciones en el debate. El artículo 191 de la Constitución establece que el cargo de parlamentario es de dedicación exclusiva y tras más de dos años fuera muchos han sido llamados al Gabinete de Maduro, se han ido al Parlamento paralelo que es la Asamblea Nacional Constituyente o han asumido otras funciones públicas.

De la minoritaria fracción de 55 diputados del PSUV, al menos siete se han declarado disidentes y por lo menos cuatro de estos acuden a las sesiones con regularidad. La oposición también ha tenido sus bajas en la mayoría calificada de 112 diputados con la que se alzaron en 2015. Unos 25 diputados tienen su inmunidad en vilo por procesos judiciales ilegales y, ahora, siete diputados de Cambiemos y Avanzada Progresista, firmantes del pacto, se cuentan como parte de la bancada contraria.

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