A principios de septiembre las organizaciones internacionales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) anunciaron la liberación de 13 personas de una cárcel secreta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), luego de que las ONG descubrieran las prácticas de torturas y reclusiones secretas. Además, informaron que otras cinco personas están mantenidas en cárceles secretas en Ucrania. El SBU por su parte desmintió estas acusaciones. Moskalkova señaló que su homóloga ucraniana, Valeria Lutkóvskaia, descartó en una carta oficial que estas personas permanezcan en los centros de detención de Ucrania.
"¿Entonces dónde pueden permanecer? Solo en unas instituciones cerradas no oficiales", indicó. Asimismo, la funcionaria rusa comunicó que a los representantes del Comisionado para los Derechos Humanos de Rusia y los de la ONU les fue denegado el acceso a los centros "que supuestamente están dentro del edificio del SBU en Járkov".
Anteriormente, el encargado de los Derechos Humanos de la Cancillería de Rusia, Konstantín Dolgov, calificó los casos de los que se tiene constancia de "grave delito penal y violación de las normas del derecho internacional por parte de las autoridades ucranianas" y señaló que a pesar de los testimonios que hay de las personas liberadas del SBU nadie fue castigado por lo ocurrido.Sputnik
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