"El propósito del Gobierno de México es que EEUU no le imponga aranceles a sus exportaciones y tener una buena relación, pero haga lo que haga en el control migratorio, Trump va a utilizar la presión para su campaña electoral", dijo la especialista en migraciones, racismo, relaciones interétnicas y género.

Lo que la Casa Blanca ha demostrado desde finales del año pasado es que "puede hacer todo lo que quiera y devolverle a México a cualquier persona no mexicana que solicite asilo, aunque no hable español y provenga de Haití o de África", ejemplificó.

Al mismo tiempo, dice la investigadora de la institución con sede en la fronteriza Ciudad Juárez, "México no ha avanzado en crear la infraestructura mínima de atención a las personas devueltas a centros de acogida en la frontera norte".

Lo que ha sido poco analizado en el vertiginoso proceso migratorio de los últimos meses, es que "las personas que llegan ahora no son los mismos migrantes en busca de trabajo, como ocurría antes, sino solicitantes de asilo en condiciones de alta vulnerabilidad; su precariedad es algo muy impresionante", dijo Paris Pombo.

Las opciones de trabajar en programas sociales del sur del país ofrecidas por las autoridades mexicanas a esa población que huye de la violencia no parecen realistas.

"Es una oferta absurda a una población vulnerable; son discapacitados, mujeres embarazadas, con dos o más menores, niños no acompañados, población LGTB (lesbianas, gays, transgénero y bisexuales), gente urgida de asilo", dijo la socióloga, doctorada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Además, la respuesta mexicana a esa realidad ya es tardía, porque la alta comisionada de Naciones Unidad para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estimó esta semana que la cantidad de personas devueltas por EEUU a este país son más de 35.000 solicitantes de asilo estadounidense.

Al mismo tiempo, es difícil comparar el fenómeno con otras épocas, por la peculiar figura hostigadora de Trump, y por la diferencia del éxodo acrecentado en los últimos dos años por la violencia y la pobreza en Centroamérica y otros países.

Entre 2018 y el primer semestre de 2019, "la diferencia no está en la cantidad de personas que llegan, sino en su composición", indicó la investigadora del centro que el próximo 15 de septiembre será sede de un seminario binacional titulado "El derecho de asilo en las Californias".

"Mezclar la política migratoria nacional con la política de asilo que se debate en EEUU no es buena idea, y el Gobierno mexicano ha entrado en ese juego", lamentó la académica.

Sin instituciones de acogida
En México no siempre hubo una política de acogida como el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume, según Paris Pombo, quien recordó la recepción de exilados de la Guerra Civil Española de los años 1930 y de las dictaduras sudamericanas de la década de 1970.

"En los años 80, los indígenas guatemaltecos primero fueron expulsados de Chiapas (sur), y después fueron masacrados en 1981 y 1982 por el ejército de Guatemala", dijo Paris Pombo.

Muchas fuerzas progresistas internas presionaron en aquella época al Gobierno mexicano para que permitiera la creación de campamentos de refugiados con ayuda internacional, y se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que hoy está en crisis.

"Ésa es la secuencia", señaló la investigadora.

Han transcurrido más de tres décadas, tiempo suficiente para contar con una política de Estado de acogida y creación de centros de atención para solicitantes de refugio.

"Hubo tiempo para crear políticas de integración de inmigrantes y refugiados, pero eso nunca ha existido en México, y todo el desarrollo institucional se orientó hacia la contención migratoria", lamentó la investigadora.

El tema resurge con dramatismo, porque "la gente realmente está huyendo de crisis de hegemonía y desastre económico", comentó.

La población migrante actual "huye de crisis políticas tremendas", de estados cooptados por el narcotráfico como Honduras, o de la destrucción institucional como Nicaragua, ejemplificó.

"Desde finales de 2018, sabíamos perfectamente lo que se venía", pero lo que López Obrador decidió fue aplicar políticas de austeridad, según la investigadora.

El Gobierno actual "recortó el presupuesto de la Comar, no hizo nada para contrarrestar el éxodo que se venía, que era una tremenda crisis humanitaria, con pedidos masivos de refugio", relató.

En ese marco, llegaron personas de otras partes del mundo, a las que las autoridades dejaban pasar hasta la frontera norte a pedir asilo en EEUU.

"No los veíamos, pero en 2017 hubo miles de personas de la India a las que ni la prensa ni la academia prestó atención, que recibían oficios de salida del país (órdenes para salir del territorio mexicano en 30 días), que utilizaban para ir a pedir asilo en EEUU", aseguró.

"En la entrega de esos permisos, el Instituto Nacional de Migración (INM, federal) no ha sido una blanca paloma, ese trámite involucraba mucha corrupción", dijo.

Existía una ventana legal corrompida, que repentinamente se cerró.

"Se quiso limpiar ese asunto y aprovechar para impedir el acceso a esa gran cantidad de gente que estaba en la frontera sur y no podía entrar a la frontera norte", sostuvo.

A los cubanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos, y en menor medida salvadoreños, sin posibilidad de pedir asilo en EEUU, les quedó como única solución acudir a la vieja y frágil Comar mexicana.

"A todos los mandaron a esa instancia sin capacidad de respuesta, se formó un embudo en el que nadie tiene solución", ilustró.

Con los acuerdos migratorios entre México y EEUU de junio pasado, dos poblaciones de solicitantes de asilo quedaron varadas: una en el sur y otra en el norte, con los indocumentados que las autoridades estadounidenses comenzaron a devolver por miles este año.

"Eso no sucedía antes, comenzó con este Gobierno de López Obrador, porque México se resistió por muchos años a que se regresaran personas extranjeras a este país, EEUU las deportaba a sus países de origen", explicó.

Al principio, se pensaba que se trataba de devoluciones por las caravanas de miles de migrantes, "pero sabíamos que no era la caravana, sino todos los solicitantes de asilo que las autoridades estadounidenses estaban regresando a territorio mexicano", aseguró la especialista.

Finalmente, las políticas de los dos gobiernos han terminado por converger en un punto: "el propósito común es la disuasión de la migración y restringir el asilo en EEUU", concluyó Paris Pombo.

El 10 de septiembre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, acordaron continuar con las medidas aceptadas por México para contener la migración, con el despliegue de unos 25.000 agentes de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur mexicanas, para evitar la amenaza de sanciones comerciales de Washington. Sputnik

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