"El mandatario ratificó su compromiso de encontrar, lo más pronto posible" a los jóvenes desaparecidos, informó la oficina del mandatario en un comunicado.

Los jóvenes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México, cuando cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos fueron atacados a balazos por agentes de patrullas policiales, que los detuvieron y entregaron a narcotraficantes, que los habrían asesinado.

"Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible, estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo", escribió por su parte López Obrador en sus redes sociales.

A la reunión de más de dos horas asistió el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien anunció que existen nuevas líneas de investigación y testimonios recientes

"Hay indicios que estamos precisamente investigando, líneas de investigación que no se atendieron y las pistas que estamos nosotros desarrollando", dijo Encinas en el Palacio Nacional.

El Ejército mexicano ha sido blanco de sospechas por un batallón de soldados que hizo labores de espionaje aquella noche en Iguala, pero ahora colabora con las investigaciones y "se están reconstruyendo muchos aspectos que la mal llamada verdad histórica no abordó", dijo el funcionario en alusión las pesquisas de la antigua Procuraduría General.

Una investigación federal revisará el papel de funcionarios de la fiscalía y de los jueces del Poder Judicial por su actuación a favor de la reciente liberación de varios acusados de la desaparición de los estudiantes.

Los funcionarios serán sometidos a investigación porque "en lugar de garantizar el derecho de la verdad y la justicia de las víctimas, se genera un pacto que favorece el silencio y la impunidad", dijo Encinas el 4 de septiembre pasado.

La denuncia se origina en una orden judicial de liberación de Gildardo López Astudillo, apodado "El Gil", supuesto jefe del grupo narcotraficante autodenominado Guerreros Unidos.

"Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada", deploró el funcionario federal.

Esa liberación es un antecedente que puede favorecer a más de 50 personas detenidas, acusadas por su vinculación con el emblemático caso.

López Astudillo confesó haber perpetrado el crimen y existen grabaciones telefónicas interceptadas por la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés) que lo involucran pero que los jueces desecharon.

Esas escuchas telefónicas con cómplices en Chicago, EEUU, fueron enviadas a las autoridades mexicanas por los agentes antidrogas que vigilaban a ese grupo criminal por el tráfico de goma de opio para fabricar heroína que realizaban desde Guerreo al estado de Illinois (centro).

Los sicarios que acusaron a "El Gil" son a quienes la policía municipal de Iguala afirma haber entregado a los jóvenes y que confesaron haber asesinado por lo menos a 19 de ellos.

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