México quiere dejar de hablar de migrantes y comenzar a hablar de armas con Estados Unidos. Con un sentimiento de satisfacción por haber hecho la tarea después de haber reducido un 56% el flujo migratorio a Estados Unidos, la delegación del Gobierno mexicano pisó Washington este martes para reunirse con el vicepresidente Mike Pence. La intención del grupo encabezado por Marcelo Ebrard, el canciller de Andrés Manuel López Obrador, era cambiar de tema tras la crisis desatada en mayo por el éxodo centroamericano. Los mexicanos han elegido poner sobre la mesa otro asunto espinoso en la relación bilateral: las 567 armas que ingresan cada día de forma ilegal a México —22 cada hora, según el Gobierno mexicano— y aumentan la sangría en la ola de violencia.
“Queremos congelar el tráfico de armas ilegales”, dijo Ebrard la tarde de este martes tras su reunión con Pence. El encargado de Exteriores aseguró que un grupo compuesto por funcionarios de ambos países comenzará a trabajar para informar mes a mes cuántas armas fueron introducidas a México y de qué forma. “Que yo sepa esto no se ha hecho nunca”, ha informado Ebrard a la prensa. El canciller ya había presentado en julio la idea a su homólogo Mike Pence, el secretario de Estado de Donald Trump, durante una visita a México. No lo había planteado en la Casa Blanca.
Hace algunos días, el Fiscal para la zona norte de Chihuahua informó de que el 90% de las armas utilizadas en homicidios en Ciudad Juárez, que ha registrado en septiembre ocho asesinatos diarios, fueron adquiridas en tiendas de deportes de Texas y Nuevo México. En muchas ocasiones ni siquiera pasaron 90 días entre la compra de los rifles y pistolas y el crimen cometido al otro lado de la frontera.
Nada de esto fue destacado por la Casa Blanca tras el encuentro. El Gobierno de Donald Trump prefirió mantenerse en un tema más atractivo para su base: la amenaza que quiere ver en la inmigración ilegal. “El vicepresidente reconoce los significativos pasos que el Gobierno de México ha dado para disminuir el flujo migratorio”, ha afirmado la Casa Blanca en un escueto comunicado. Y añade: “Los líderes coinciden en que aunque ha habido avances, mucho trabajo queda por hacer para reducir aún más el número de migrantes ilegales a Estados Unidos”.
El documento emitido por la Casa Blanca sigue la misma línea que la dura exigencia que hizo este lunes el jefe de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan, a México. El funcionario pidió más al Gobierno de López Obrador. Ebrard calificó el tono de Morgan como "inaceptable" y dijo que la tendencia en la disminución de inmigrantes hacia Estados Unidos es "irreversible, algo permanente".
La Casa Blanca también afirma que Ebrard y Pence han acordado "implementar al máximo" el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). El programa, conocido localmente como Quédate en México, permite a los solicitantes de asilo en Estados Unidos aguardar en territorio mexicano mientras sus casos son revisados por un juez. El MPP fue lanzado en México el 24 de enero, cuando comenzó a utilizarse por razones humanitarias.
El Gobierno mexicano lleva días dando cifras alegres de su operación para atajar a los centroamericanos en su camino al norte. Ebrard dijo el viernes que el flujo migratorio se ha reducido un 56% desde mayo, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se controlaba la inmigración irregular. En agosto, 64.000 personas fueron detenidas o no admitidas a Estados Unidos en la frontera común. Es una baja del 22% si se compara con julio (82.055) y más pronunciada desde el histórico arresto de 144.200 personas en mayo, la cifra que desató la ira de la Administración republicana.
Para lograr la disminución, el Gobierno mexicano movilizó a 25.000 elementos de la Guardia Nacional. 14.900 elementos fueron enviados al norte, a la frontera común entre ambas naciones. Al sur, también fueron desplegados 10.500 militares. Ebrard ha dicho que este gran despliegue solo ha generado siete quejas por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional. “Me parece una constatación evidente y objetiva de que se ha actuado con respeto a los derechos humanos”, dijo el encargado de Exteriores en defensa a las críticas de quienes han acusado mano dura del Gobierno mexicano a las exigencias de Trump.
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