En un decreto hecho público, el TSJC cree que las fechas elegidas para el juicio son procedentes porque el presidente catalán no "tiene programada ninguna actividad" para esos días.

De esta manera, la administración de justicia mantiene la fecha del juicio.

La causa contra el presidente catalán se deriva de una querella presentada por la Fiscalía por "incumplimiento a las resoluciones de la Junta Electoral Central por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la campaña electoral".

Dicha orden se refería a la exhibición en edificios públicos de pancartas con mensajes independentistas y de lazos amarillos, utilizados para homenajear a los nueve líderes catalanes encarcelados por el referéndum de octubre de 2017.

En concreto, la causa se remonta al 11 de marzo, cuando la Junta Electoral Central de España ordenó a Torra la retirada de esos elementos.

En su resolución, la Junta señalaba que la simbología independentista es legítima, pero recordaba que, sobre todo en periodo preelectoral, los edificios públicos deben mantener una "rigurosa neutralidad política".

Pese a la resolución de la Junta Electoral, el Palacio de la Generalitat —la sede del Gobierno catalán en Barcelona— siguió luciendo símbolos independentistas durante varios días hasta que finalmente fueron retirados el 21 de marzo, tras recibir varios ultimátums de la Junta Electoral, que alertó sobre las posibles consecuencias penales del incumplimiento.

En ese periodo, Torra llegó a cambiar el color de las pancartas y los lazos en un intento por eludir la orden de la Junta Electoral.

Una vez retirados los lazos y las pancartas, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán en la que se afirmaba que su actuación podía ser constitutiva de un delito de desobediencia porque ignoró de forma reiterada requerimientos "claros y expresos" provenientes de "la máxima autoridad administrativa en materia de procesos electorales".

En un auto emitido en junio, el TSJC afirmó que Torra mostró un "firme" propósito de "incumplir" o "retrasar" el cumplimiento del mandato de la Junta Electoral mediante distintas argucias aplicadas con una "voluntad decididamente obstativa".

El pasado 2 de setiembre el TSJC emitió un auto de admisión de prueba y fijó las fechas para el arranque del juicio oral.

En caso de ser encontrado culpable de desobediencia, Quim Torra podría ser castigado incluso con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le haría perder su actual posición de presidente de la Generalitat.

Etiquetas: