"Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la tarde de este 9 de septiembre que desarrolló un operativo en Amatitlán para capturar a César Montes, excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), el cual terminó sin resultados", reportó el periódico Prensa Libre.

Las autoridades no precisan, según el diario, qué delitos y qué juzgado firmó la orden de captura contra Montes, acusado por Giammattei del enfrentamiento en el que murieron los militares Carlos Mayen, Isaías Beleu y Leonel Seb en el departamento de Izabal, en un operativo anti-narcóticos.

"Aquí hay una persona que tiene nombre y apellido -César Montes- que ha estado ante la mirada paciente de este Gobierno, armando gente en el departamento de Alta Verapaz", denunció el mandatario electo en el balotaje del pasado 11 de agosto.

Como resultado del incidente fue decretado un estado de sitio ratificado el 7 de septiembre por el Congreso de Guatemala, y en una incursión del Ejército en la aldea Semuy 2 fue encontrado el cuerpo sin vida de Agustín Chub, señalado por las muertes.

Montes, cuyo nombre real es César Macías Mayora, negó estar en el lugar de los hechos cuando ocurrieron el pasado 3 de septiembre, pese a lo cual varias autoridades del Gobierno señalan al excomandante guerrillero.

El portal informativo Soy502 logró comunicarse con el también presidente de la Fundación Luis Turcios Lima, quien acusó al Gobierno de promover un conflicto en Semuy 2 para expulsar a los residentes en conjunto con una empresa privada que quiere comprar los terrenos para la producción de palma africana.

"Los militares llegaron a la aldea para intimidarlos para que vendieran sus terrenos, pero no lo lograron por la comisión de Vigilancia y la Comisión de Seguridad de los Campesinos en la zona, como represalia el oficial a cargo ordenó abrir fuego", aseguró Montes.

Montes negó que la orden de captura en su contra "le quite el sueño", pues trabaja en favor de la población más necesitada, aseguró.

El estado de Sitio rige en los departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso, Petén y Alta Verapaz, y durante su vigencia están restringidos, entre otros, los derechos constitucionales, la libertad de acción, el derecho de reunión y manifestación y la tenencia de armas de fuego.

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