Es prácticamente seguro que se trató de un movimiento premeditado, pero el anuncio del speaker (presidente de la Cámara de los Comunes), John Bercow, de que abandonaba su puesto el próximo 31 de octubre añadió sombra a lo que fue un día triste para el Parlamento británico: el Gobierno de Boris Johnson aceleró este lunes la orden de cerrar el periodo de sesiones. Durante cinco semanas, los diputados quedarán anulados en su función, mientras Downing Street cavila cómo sortear la obligación legal de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con Bruselas o solicitar en su defecto una nueva prórroga.

“Durante todo el tiempo que he presidido esta Cámara, he intentado aumentar la autoridad relativa del Legislativo. Y es algo de lo que no me arrepiento ni pido disculpas a nadie en ningún momento”, explicó Bercow al inicio de la sesión. El speaker había arrastrado su anunciada intención de abandonar el puesto a medida que el debate sobre el Brexit inundaba durante horas los debates en Westminster y el forcejeo entre el Gobierno conservador y los diputados se hacía más intenso. El anuncio se produjo en el momento justo: gracias a la flexibilidad y complicidad de Bercow, los detractores de Johnson han podido acelerar el trámite legislativo y aprobar una resolución vinculante que obliga a Johnson a llegar a un acuerdo con la UE o, si no es posible, pedir una nueva prórroga de tres meses. Procedente del Partido Conservador, del que salió, como manda la costumbre, al ser elegido para el puesto, Bercow ha sido hasta el último minuto la pesadilla parlamentaria de los tories euroescépticos.

A cambio, Downing Street ha culminado su amenaza. En la noche de este lunes estaba previsto que el Gobierno británico presentara la moción para que al término de la sesión tuviera lugar la ceremonia formal de cierre del periodo de sesiones. Durante las horas previas, Westminster debatió con carácter de emergencia —gracias, de nuevo, al visto bueno de Bercow— dos mociones. La primera, introducida por Dominic Grieve, ex abogado general del Estado y diputado conservador, reclamaba al Gobierno todos los documentos y mensajes internos que condujeron a la decisión de cerrar Westminster durante cinco semanas. “En los días posteriores a que se tomara la decisión de suspender el Parlamento, algunos altos funcionarios decidieron dirigirse a mí para expresarme su convicción de que este asunto se había manejado de un modo escandaloso”, dijo Grieve, sin aportar nombres ni datos, pero elevando a debate parlamentario una seria acusación de prevaricación. La segunda moción, presentada por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, cuestionaba la legalidad de la medida. “Creo que es algo vergonzoso. El Parlamento debería poder reunirse y exigir responsabilidades al Gobierno. Da la impresión de que el primer ministro huye de las preguntas de los diputados”, protestó inútilmente Corbyn una vez más.

La Cámara de los Comunes protagonizó durante horas un debate ágil y vivo, pero con la extendida sensación de que se trataba del canto del cisne. El Gobierno, según estaba previsto, presentó una moción para adelantar las elecciones que la oposición, días antes, ya había anunciado que volvería a rechazar. Finalmente, la moción fracasó ya que no obtuvo el apoyo de los dos tercios (434 diputados) de la Cámara requeridos. 293 votaron a favor, 46 en contra y el resto se abstuvo. Los diputados protestaron una y otra vez la maniobra de Johnson de suspender el Parlamento. Ambos esfuerzos en vano. 

El Reino Unido se encamina en las próximas semanas al terreno de la incertidumbre y de la suspicacia. Hasta el 14 de octubre, la voz de Westminster queda anulada. Y el Ejecutivo de Johnson mantiene un juego de ambigüedad que despierta la desconfianza de sus detractores. El diario The Daily Telegraph, considerado el altavoz de los euroescépticos, publicó este lunes la supuesta estrategia secreta del Gobierno de Johnson para esquivar el mandato parlamentario y no solicitar a la UE una nueva prórroga. Según el diario, Downing Street enviaría a la Comisión Europea, junto a la carta en la que solicitara un nuevo plazo para el Brexit, otro texto en el que dejaría claro que no es esa su voluntad. La jugada perseguiría desincentivar que los 27 se volvieran a mostrar flexibles.

“La ley aprobada exige claramente que debe solicitarse una nueva prórroga. No solo deben enviar la carta. Tienen que trabajar de un modo activo para lograr ese aplazamiento. Si envían la carta e intentan luego neutralizarla, será un claro fraude de ley”, decía a la BBC el exmagistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido Jonathan Sumption.

Nueva prórroga
La oposición tenía motivos para mostrarse suspicaz. Los ministros del Gobierno habían dedicado el fin de semana a asegurar que Johnson nunca pediría a Bruselas una nueva prórroga, y que mantenía su promesa de que el Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de octubre, que hasta el momento sigue siendo la fecha oficial de salida. “Nos atendremos a lo que establece la ley, pero se trata de un texto legal nefasto. Y queremos ensayar los límites a los que compromete legalmente. Analizaremos detalladamente sus consecuencias y sus posibles interpretaciones”, explicó en una entrevista en televisión el ministro de Exteriores y conocido euroescéptico, Dominic Raab.

En las próximas semanas, el objetivo de Johnson será agitar a la opinión pública —especialmente a todos los partidarios del Brexit— para forzar cuanto antes un adelanto electoral que, en cualquier caso, ya no será en la fecha que él prefería. Convocar a las urnas el 15 de octubre, como pretendía, le hubiera permitido cabalgar sobre la promesa de que sacaría al Reino Unido de la UE el 31 de octubre contra viento y marea. Si se ve obligado a hacer campaña una vez se decida una nueva prórroga de la fecha de salida, los conservadores tendrán que lidiar con un electorado nuevamente decepcionado y con un Partido del Brexit, del ultranacionalista Nigel Farage, claramente reforzado. La última encuesta de ICM Research apunta a que la formación de Farage habría duplicado su intención de voto (18%) desde finales de agosto.

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