La decisión del gobierno de Hong Kong -después de tres meses de protestas cada vez más violentas- de retirar definitivamente el proyecto de ley de extradición que las desencadenó busca rebajar la tensión, detener la violencia y abrir una oportunidad para el diálogo, ha subrayado este jueves la jefa del ejecutivo autónomo, Carrie Lam. En una rueda de prensa en la sede de su oficina, la ministra principal ha subrayado que la iniciativa ha sido solo suya, aunque asegura que Pekín le ha expresado su apoyo.
El odiado proyecto de ley hubiera permitido a Hong Kong entregar por primera vez sospechosos a países con los que no tiene acuerdo de extradición, incluido China, lo que había desatado los temores sobre posibles abusos de la medida. Su tramitación en el legislativo, a propuesta del gobierno autónomo hongkonés, provocó en junio las primeras manifestaciones de la ola actual de protestas. Aunque el 15 de ese mes, Lam anunció la suspensión de la medida, los manifestantes consideraron el gesto insuficiente y exigían una declaración oficial de retirada, al apuntar que los legisladores podrían retomarla en cualquier momento.
Desde entonces, las protestas han evolucionado, se han expandido y se han hecho más violentas para convertirse en la peor crisis política de la antigua crisis británica desde su regreso a la soberanía china, en 1997, y el principal dolor de cabeza para Pekín en 30 años. El foco hace ya tiempo que ha dejado de ser el proyecto de ley para ponerse sobre el comportamiento de la policía, a la que los manifestantes acusan de un uso excesivo y cada vez mayor de la violencia contra ellos. La principal de sus cinco exigencias es la apertura de una investigación independiente sobre el comportamiento de los agentes.
Casi 1.200 personas han quedado detenidas en las protestas. La policía ha comenzado a usar cañones de agua contra los manifestantes, además de gases lacrimógenos, balas de goma, y palizas en los arrestos. En su afán por detener a un gran número de sospechosos ha irrumpido y lanzado gases lacrimógenos en centros comerciales, estaciones de metro y edificios de apartamentos. Los manifestantes han respondido con destrozos en estaciones de metro, intentos de colapsar el aeropuerto, incendios de barricadas y cócteles molotov. La desconfianza entre ambas partes se encuentra en niveles máximos; la popularidad del gobierno, en mínimos históricos.
“Espero que las medidas que he propuesto puedan servir de base para el diálogo. Pero necesitan la cooperación de los ciudadanos”, ha afirmado Lam en su rueda de prensa este jueves.
Además de la retirada definitiva del proyecto de ley, el miércoles, la jefa del Ejecutivo había anunciado rondas de reuniones con ciudadanos de todo tipo para escuchar sus quejas, el desarrollo de estudios sobre las causas del malestar social en Hong Kong y la ampliación del Consejo Independiente de Quejas sobre la Policía (IIPC, por sus siglas en inglés). Este organismo interno, apoyado por un panel internacional, será el responsable de investigar las denuncias sobre el comportamiento de los agentes, ha asegurado, rechazando el llamamiento de los manifestantes a una pesquisa independiente. También ha rechazado una amnistía para los detenidos, al asegurar que “el Gobierno no puede hacer nada que vaya contra el Estado de derecho”.
La recepción del anuncio por parte de los manifestantes ha sido, hasta el momento, muy fría si no directamente de rechazo a lo que, admiten, hace tres meses hubieran considerado una gran victoria. El temor entre estos grupos es que se trate de solo una maniobra del Gobierno para ganar tiempo -China celebra el 1 de octubre el 70 aniversario de la fundación de la República Popular, y no quiere que nada empañe los festejos- y dividir un movimiento que hasta ahora ha permanecido notablemente unido. “Queremos las cinco demandas, ni una menos”, han reiterado una y otra vez. Las protestas convocadas siguen adelante, con la incógnita de si continuará la escalada de violencia. La pasada noche, en una rueda de prensa, dos portavoces de los manifestantes subrayaban que si la policía no suavizaba su respuesta, los jóvenes movilizados tampoco lo harían.
Lam insistió en que su gesto no llega tres meses demasiado tarde, como se le critica. Según precisó en su rueda de prensa, tomó la decisión después de reunirse con “gente de diferentes círculos” -el día 24, con legisladores y notables de la ciudad; el 26, con estudiantes-, que le recomendaron la retirada de la ley y el establecimiento de una investigación judicial sobre la Policía. “No es un cambio de posición”, insistió, al recordar que ya había suspendido la tramitación en junio. Pekín, agregó, “siempre ha respetado y entendido lo que el Gobierno de Hong Kong ha querido hacer, y nos ha apoyado en todo momento”.
La prioridad ahora, sostuvo, está en “detener la violencia”. “Para salir del punto muerto, lo más importante ahora mismo es detener la violencia y hacer cumplir la ley estrictamente”, subrayó la jefa del Gobierno: “si sigue habiendo violencia cada día, afectará al funcionamiento de la ciudad y a las vidas cotidianas de la gente”.
Las protestas ya han dejado un importante impacto en la economía de la ciudad. Un informe sobre la actividad empresarial privada hecho público el miércoles arrojaba el deterioro más drástico en la salud del sector en una década. Las llegadas de turistas se han reducido en un 30% desde junio y algunos economistas predicen una contracción en las ventas al por menor de un 10% este año.
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