Argentina llega al límite. La admisión de que a corto plazo no puede hacer frente a sus deudas, unida al anuncio de una complicada renegociación con el FMI,procuró al Gobierno de Mauricio Macri un momento de respiro en pleno naufragio. Despertó también el temor a la implantación de controles cambiarios e incluso a una suspensión de pagos, si el peso siguiera devaluándose. Macri dijo comprender la “preocupación y angustia” de los argentinos y pareció admitir que su única ambición es llegar sin nuevos desastres a las elecciones del 27 de octubre y concluir su mandato.

Los mercados financieros mantuvieron una extraña calma este jueves. Los volúmenes de negociación fueron muy bajos y el peso, tras una brusca caída inicial, se mantuvo en las 60 unidades por dólar. Para eso fue necesario que el Banco Central subiera hasta el 79% los intereses de la deuda en letras y vendiera más de 350 millones de dólares procedentes de sus reservas. Para algunas operaciones a futuro, en los mercados de exportación agraria, se fijó un cambio de 70 pesos por dólar en diciembre, y de hasta 100 pesos por dólar en marzo de 2020. Esas son las expectativas. El riesgo-país, la prima que pagaría Argentina si tuviera acceso al mercado, ha escalado hasta 2.255 puntos (22,55%) y todo indica que la tormenta no ha pasado. Si el Fondo Monetario Internacional, que por el momento ha evitado comentar la demanda de renegociación, no desembolsara en septiembre los 5.400 millones de dólares que tenía previsto liberar dentro de un préstamo global de 57.000 millones, la situación se agravaría con consecuencias imprevisibles.

Los inversores permanecieron a la expectativa y empezaron a diseñar planes de cautela frente a las nuevas medidas. Muchos de ellos pensaban que en poco tiempo sería inevitable algún tipo de control de cambios (no muy distinto al famoso “cepo” implantado por Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato) y prepararon vías de fuga para sus divisas. El aplazamiento de deudas alejó un poco el temido fantasma del “default” o suspensión de pagos, pero no disipó por completo los temores.

La estrategia de Macri consiste en mantener la mayor cantidad de reservas en dólares para respaldar al peso. Prefiere no cumplir el plazo previsto con sus acreedores, una decisión arriesgada si se tiene en cuenta el largo historial de impagos de la economía argentina, a sufrir nuevas devaluaciones que llevarían la inflación, ya por encima del 50% anual, a límites insoportables, y harían imposible pagar las deudas contraídas en dólares. No está claro que esa defensa del peso vaya a tener éxito. Tampoco está claro que Macri pueda pactar con el peronista Alberto Fernández, probable vencedor de las próximas elecciones presidenciales, el decreto de aplazamiento de pagos. Fernández guarda silencio “para contribuir a la tranquilidad”, pero no muestra ningún entusiasmo por respaldar a Macri en las horas críticas. Tras el discurso de Macri, en el que el presidente habló de los 59 días que faltaban hasta las elecciones, Fernández hizo un comentario sarcástico: “Debe de estar contando los días”, dijo.

El pésimo resultado de las elecciones primarias celebradas el 11 de agosto (“que no son más que una encuesta”, según Macri) desarboló una presidencia que llevaba ya más de un año, desde que estalló la crisis en abril de 2018, casi a la deriva. Lo que el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hizo el miércoles por la noche, fue anunciar un programa de reestructuración de deuda sin acompañarlo, como es de rigor en estos casos, de un plan económico coherente. La situación del Gobierno, condenado a gestionar el día a día sin otro horizonte que resistir hasta el 10 de diciembre, se reflejó en algunos pasajes del mensaje que Mauricio Macri dirigió el jueves a los argentinos. “Todos los días estamos siendo mejores, basta de resignación, no dejemos que la resignación gane a la esperanza, si llegamos hasta acá es porque elegimos el futuro y la paz”, dijo, en un discurso en el que subrayó la necesidad de “lograr tranquilidad” y “reducir incertidumbres”. Algunas de esas frases sonaron muy extemporáneas.

El Congreso se reabrirá en los próximos días para debatir el decreto sobre aplazamiento de deudas. Ahí se verá si la oposición, con más escaños que el oficialismo, está dispuesta a asumir conjuntamente con el Gobierno el desgaste de unas medidas con las que, en términos generales y según declaraciones previas de Alberto Fernández, no estaría en desacuerdo. Lo que puede escenificarse en el Senado y la Cámara es un consenso que conduzca a una transición más o menos tranquila de una administración a otra, o un recrudecimiento de la batalla electoral que dejaría aún más expuesta la economía del país.

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