La crisis política e institucional que vive Venezuela este 2019 se bifurca en un nuevo frente de lucha. El Supremo, controlado por Nicolás Maduro, dictó una polémica sentencia que obliga a realizar elecciones con nuevas reglas para renovar las autoridades de las universidades nacionales, consideradas por años un bastión opositor a la revolución bolivariana. Esto supone un golpe a la autonomía democrática de la que gozan estas instituciones y que está consagrada en la Constitución.
La decisión de la Sala Constitucional dirime sobre una medida cautelar solicitada por las casas de estudio. La laberíntica justicia venezolana responde 10 años después a la suspensión de los artículos de la polémica Ley Orgánica de Educación de Hugo Chávez que interferían con la elección de sus autoridades bajo los reglamentos autonómicos de los centros de educación superior. El ente señala ahora que la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios del país, debe renovar a sus rectores en los próximos seis meses, al igual que el resto de las universidades nacionales del país.
La medida va en contravía a la política de obstaculización judicial del funcionamiento de estas instituciones que inició Hugo Chávez en 2009, cuando comenzaron a suspenderse todos los comicios estudiantiles alegando inconstitucionalidad de la Ley de Universidades. En el caso de la UCV, la rectora Cecilia García-Arocha fue electa en 2008 y debió dejar el cargo en 2012, pero hasta ahora continúa en el cargo por las trabas que por años impuso el chavismo a la renovación de los liderazgos.
El Supremo resuelve en la misma sentencia la objeción que históricamente ha hecho el chavismo a la forma en que se eligen las autoridades universitarias en Venezuela, donde los votos de los profesores tienen más peso que el de los estudiantes y egresados y no se consulta a los trabajadores obreros ni de oficinas sobre quién debe regir académicamente la institución. La ley establece un principio de proporcionalidad de los votos de dos sectores muy disimiles en cantidad, pues la matrícula de alumnos supera con creces la de profesores. En la sentencia de este martes se suspenden los artículos de 31, 32 y 65 de esa legislación y establece que cada voto será igual y deberán participar del padrón electoral cinco sectores: docentes, alumnos, egresados, personal administrativo y personal obrero. El rector que sea electo debe obtener la mayoría de los votos en tres de los cinco sectores. La decisión viene con una coletilla que vislumbra un nuevo conflicto: de no realizarse los comicios en el lapso previsto, los cargos quedarán vacantes y podrían quedar a disposición de quienes nombre el gobierno de forma interina.
Con esta disposición el Supremo impone el mismo dilema al que se ha expuesto en los últimos dos años a los venezolanos con comicios señalados de fraude, pero ahora en el ámbito del país universitario: ir a elecciones en condiciones injustas y cuestionables, por la amenaza de que el régimen chavista tome todos los espacios. La nueva amenaza llega luego de un forcejeo constante entre el sector estudiantil y el Gobierno, iniciado hace más de una década con la conformación del Movimiento Estudiantil del que salió Juan Guaidó, hoy jefe del Parlamento, presidente encargado y rival de Maduro, reconocido en más de 50 países que respaldan la salida del poder el sucesor de Hugo Chávez para poner fin a la crisis venezolana. Pero la decisión toma a las universidades en el receso vacacional y en uno de sus peores momentos. El éxodo de docentes y alumnos por las precarias condiciones del país y de los salarios han convertido muchas de las aulas de las universidades públicas en desiertos. Gremios calculan que la mitad de los profesores se ha ido del país. La medida afecta a prácticamente todas las universidades púbicas, pues la mayoría tiene autoridades con períodos vencidos durante la última década y en algunas de ellas, como la Centro Occidental Lisandro Alvarado, hasta han fallecido los rectores a la espera de elecciones.
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