Boris Johnson se prepara para una doble batalla parlamentaria y judicial en septiembre, con el nuevo curso político y el regreso a sus escaños de los diputados, contrarios en su mayoría a un Brexit sin acuerdo. Pero ese bloque no es en absoluto compacto y presenta estrategias dispersas que Johnson percibe como debilidad. Downing Street insiste en que Londres dará el portazo a Europa el 31 de octubre, aunque ello exija maniobras que rozarían la inconstitucionalidad. Sus oponentes acaban de plantar cara a esa amenaza en los tribunales.
Un juez de la Corte de Sesiones de Edimburgo, la más alta instancia judicial de Escocia, ha admitido a trámite este martes la demanda de un grupo de 70 diputados de Westminster para que se impida al primer ministro británico suspender la actividad de la Cámara de los Comunes y evitar así que sus miembros bloqueen el no deal (no acuerdo). Las atípicas acciones legales de esa coalición multipartidista y anti-Brexit son de carácter preventivo, en vísperas de la reanudación de las sesiones del Parlamento el 3 de septiembre. Y no responden a una amenaza concreta de Boris Johnson, sino a las insinuaciones de sus asesores de que el Gobierno está dispuesto a consumar un Brexit salvaje por encima de los reparos del Legislativo.
Los querellantes —una amalgama diversa de parlamentarios del independentismo escocés, laboristas, liberales-demócratas y tories rebeldes— alegan que tal opción sería “ilegal y anticonstitucional”. El magistrado no ha sido tan magnánimo a la hora de fijar los plazos de la tramitación, cuyo desenlace podría llegar demasiado tarde, es decir, después de que el 31 de octubre se acometa un Brexit duro.
Los analistas más ponderados descartan que un Johnson a la desesperada aceptara la sugerencia del gurú de sus asesores, Dominic Cummings, de recurrir a la suspensión de las funciones del Parlamento si fuera necesario para neutralizar a sus críticos. El líder tory se ha revelado como un político sin grandes escrúpulos ni verdaderas convicciones —no siempre apoyó el Brexit—, pero otra cosa sería contribuir al menoscabo de los cimientos de la democracia británica de una forma tan ostensible.
Cummings, en cualquier caso, sigue esgrimiendo esa amenaza en su goteo de filtraciones a la prensa, enarbolando la bandera del Brexit salvaje que se ha convertido en lema de la nueva Administración británica. Los medios le han devuelto el revés, revelando que una granja de su propiedad en la campiña inglesa se benefició de 235.000 libras (unos 253.000 euros) en subsidios agrarios de esa UE que tanto denosta.
Más plausible es un escenario en el que Boris Johnson es objeto de una moción de censura y, en caso de que esta prospere, decide aferrarse al cargo y no dimitir inmediatamente para controlar la agenda de unas elecciones anticipadas. Comicios que convocaría después del 31 de octubre, cuando el artículo 50 del Tratado de Lisboa (que regula el abandono de uno de los miembros de la Unión) ya habría entrado automáticamente en vigor. Esa táctica también dudosa en términos de práctica democrática, pero que espera hallar vía porque no está establecido el inmediato abandono del ocupante de Downing Street una vez censurado por los Comunes, obligaría a Johnson a comunicar a la reina que no piensa dejar el puesto en breve. Otro mal trago, difícil de digerir y que en el supuesto de consumarse arrastraría la alarma de una crisis constitucional.
Mayoría de un diputado
Johnson no espera llegar a tal extremo. La carta con la que piensa jugar es la de la desunión en el seno del heterogéneo bloque de sus contrincantes. En un Parlamento de 650 escaños, el primer ministro cuenta con la mayoría absoluta con un margen de un solo diputado, y una vez sumado el apoyo de los unionistas radicales de Irlanda del Norte. La oposición al Brexit duro de un nutrido grupo de diputados conservadores rebeldes hace trizas esa ecuación. Al menos sobre el papel. No está claro, empero, que todos ellos accedieran a apoyar una moción de censura en contra de su jefe de filas, y presentada por el laborista Jeremy Corbyn como líder de la oposición. Tampoco que, de plantearse otra votación en los Comunes para exigir una nueva prórroga a Bruselas con el objetivo de paralizar la entrada en vigor del artículo 50, todos los diputados laboristas se sumaran en bloque a la ofensiva. Los de las circunscripciones del deprimido norte deben responder ante sus votantes de las clases trabajadoras pro-Brexit y, como máximo, se abstendrían.
El nuevo Gobierno británico tiene muy en cuenta esas componendas a la hora de seguir las coordenadas de un Brexit a las bravas. Los asesores de Downing Street ya han impartido instrucciones para que los diplomáticos británicos destacados en Bruselas abandonen en los próximos días sus puestos en las instituciones comunitarias.
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