Estados Unidos reconoce que su campaña aérea, iniciada en agosto de 2014, contra el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés) en Irak y Siria ha causado la muerte de al menos 51 civiles y ha herido a otros 23, según datos oficiales. La cifra es inferior a los cálculos de grupos independientes. Airwars, un proyecto periodístico que se nutre de información sobre el terreno y de varias ONG, asegura tener confirmadas 77 muertes de civiles sobre un total de 3.412 acusaciones de muertes de no combatientes.

Un portavoz del Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) declinó dar una cifra total de civiles fallecidos e instó a revisar las comunicaciones públicas que hace su división. Tampoco hay un recuento público de yihadistas muertos en los bombardeos.

En paralelo, Washington tiene abiertas tres investigaciones sobre posibles muertes civiles. El temor a errores de la aviación estadounidense se ha acentuado. En las últimas tres semanas, el Centcom, responsable de coordinar la campaña contra el ISIS, ha anunciado dos investigaciones ante la sospecha de muertes inocentes en Siria.

El Centcom ha determinado que son creíbles 31 acusaciones de posibles muertes civiles, 18 de ellas en Irak y 13 en Siria, según el portavoz Josh T. Jacques. Una vez se recibe una acusación, se abre una investigación para tratar de demostrar si hubo un bombardeo en esa zona y si ha habido o no muertes civiles. La información analizada incluye datos internos del Gobierno de EE UU y de terceros. “La situación sobre el terreno en Irak y Siria hace que investigar estas acusaciones sea extremadamente difícil. Métodos tradicionales de investigación, como entrevistar a testigos y examinar el lugar, no suelen estar disponibles”, alega Jacques.


Estados Unidos anuncia cuándo abre una investigación y cuándo se determinan sus conclusiones. Pero el resto del proceso es opaco. Los comunicados del Centcom apenas precisan el país y el lugar en que murieron los civiles, y suelen hablar de probabilidades, no de certezas sobre el número de fallecidos.

También es un misterio cómo funciona y el alcance del proceso de indemnización a los familiares de los civiles. El Pentágono ampara su campaña y la actuación de sus uniformados en las llamadas leyes de conflicto armado. El Tribunal Penal Internacional describe un crimen de guerra como una violación grave de las Convenciones de Ginebra y otras leyes sobre conflictos armados que se comete como parte de una estrategia a gran escala, lo que incluye, por ejemplo, ataques dirigidos intencionalmente a hospitales.


El Gobierno de Barack Obama ha acordado pagar cerca de dos millones de dólares de compensación a los familiares del trabajador humanitario italiano Giovanni Lo Porto, de 37 años, que murió el año pasado en un ataque de un dron de la CIA en la frontera entre Pakistán y Afganistán, según informaron el viernes funcionarios estadounidenses. Lo Porto era rehén de Al Qaeda cuando fue alcanzado por el avión.

En el ataque murió también el cooperante estadounidense Warren Weinstein, de 73 años. Tras ese error, la Casa Blanca se disculpó y prometió una compensación para las dos familias.

Washington esgrime que si se respetan esas leyes los militares no deben correr riesgo de ser disciplinados por la muerte de civiles y no existe una obligación legal de compensar a los familiares de los fallecidos.

En determinados casos, pese a considerar que haya cumplido la ley, EE UU abona un pago a los familiares. Un funcionario militar, que pide el anonimato, asegura que no existe una cantidad precisa de pago y que se determina según las particularidades de cada solicitud. Sostiene que “no es común” que los familiares de los civiles fallecidos pidan una compensación.

El portavoz del Centcom los describe como “expresiones de simpatía” y dice que no son considerados una “compensación por pérdida o lesión”.

Federico Borello, director ejecutivo del Centro de Civiles en Conflicto, una organización independiente en Washington, sostiene que es un “problema” el amplio amparo que conceden las leyes de guerra, pero defiende que no sean obligatorias las indemnizaciones sino que se estudien caso por caso dada la volatilidad sobre el terreno.

Borello aplaude la voluntad del Gobierno de aumentar la transparencia sobre el número de muertos civiles. En julio, EE UU admitió haber matado entre 64 y 116 civiles en bombardeos desde 2009 fuera de Afganistán, Irak y Siria. Las estimaciones independientes son mucho más elevadas: entre 200 y 1.000 muertos.ElPais

Etiquetas: