A sus 30 años, la vietnamita Truong Thi Tham se llevó un alegrón esta semana tras conocer que había aprobado el primero de los tres exámenes que le permitirán, de seguir así, obtener un visado para trabajar en Japón en un hotel de alta categoría.

“Puede que me lleve un tiempo, pero quiero regresar allí”, aseguraba desde Vietnam a un diario local esta joven, que trabajó como aprendiz en una planta procesadora de plástico del país nipón durante los últimos años. Como ella, otros 280 extranjeros superaron la primera prueba para un sector hotelero muy necesitado de mano de obra.

Primeros contingentes
El país incorporará 345.000 foráneos en hoteles, construcción y cuidados sociales.

No es el único. La crisis demográfica que atraviesa la tercera economía del mundo avanza a tal ritmo que numerosos sectores tienen serios problemas para cubrir las vacantes, mientras que las estadísticas auguran tiempos peores. En el 2018, el saldo entre nacimientos y muertes fue negativo en 448.000 personas, lo que confirma la tendencia de años anteriores. Con una tasa de fertilidad por mujer que ha bajado hasta los 1,4 hijos (lejos del 2,1 que garantiza el equilibrio), las proyecciones apuntan a que de los 126 millones de habitantes actuales se podría pasar a los 88 millones en el 2065. Al declive demográfico se suma el rápido envejecimiento de una población con la mayor esperanza de vida del planeta y en la que los mayores de 65 años representan casi el 28% del total. Fruto de esta situación surgen una miríada de problemas, que van desde lo previsible, como un mayor gasto sanitario o la reducción de la población activa, a lo inesperado, como el incremento del número de ancianos que delinquen para ser encarcelados y así garantizarse un entorno asistido.

Conscientes de lo que se avecina –Juegos Olímpicos del 2020 incluidos–, las autoridades llevan tiempo buscando remedios. “El Gobierno de Abe Shinzo ha apostado por la robotización, más presencia de la mujer en el mercado laboral y retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años o más”, explica a La Vanguardia Atsushi Kondo, de la facultad de Derecho de la Universidad Meijo. “Pero a largo plazo, la solución pasa por los trabajadores extranjeros. Es la opción más viable”.

Carácter temporal
No se permitirá la agrupación familiar y el contrato es sólo por cinco años.

A la misma conclusión parecen haber llegado las autoridades. Después de años mareando la perdiz, el Gobierno de Abe aprobó en diciembre del año pasado una nueva legislación que facilita la incorporación de 345.000 trabajadores foráneos –principalmente de países del Sudeste Asiático y China– en la hostelería, la construcción o los cuidados personales, entre otros.

Aunque los atractivos del puesto son muchos, sus exigencias también lo son: todos los candidatos deben superar un examen profesional y de idioma, tienen derecho a una estancia máxima de cinco años sin poder traer a su familia y deben trabajar tan sólo en el sector solicitado. “Esto no va de convertir a Japón en una sociedad multicultural o de abrirse al mundo. Es pura y llanamente una política temporal para el mercado laboral”, añade Kondo.

Históricamente, Japón ha sido uno de los países más reacios a acoger inmigrantes y alberga una de las poblaciones socialmente más homogéneas del mundo con sólo un 2,5 millones de extranjeros (un 2% de la población). Durante los años del “milagro económico” de la posguerra, las necesidades laborales se cubrían con la población nativa y no fue hasta los años 90 que empezaron a ofrecer visados a los descendientes de los inmigrantes nipones que se habían instalado en países de América Latina como Brasil, donde llegó a haber una comunidad de hasta 1,3 millones de nikkei (personas con raíces japonesas).

Desde 1993 también funciona el llamado Programa de Entrenamiento Técnico Interino (TITP). En teoría, ese plan busca capacitar laboralmente a sus participantes para que apliquen lo aprendido en sus países de origen. En la práctica ha sido utilizado como un agujero por el que colar mano de obra barata y poco cualificada sobre la que se han cometido abusos. Según una investigación del Ministerio de Trabajo, de las 6.000 firmas que contrataron a 260.000 aprendices, alrededor del 70% había violado la normativa laboral, incluyendo salarios por debajo del mínimo legal, incumplimiento la legislación sobre seguridad, violencia física y acoso sexual.

“La nueva política de visados es una formalización del TITP, que ha servido para traer a miles de trabajadores por la puerta trasera. Se prevé que la nueva ley sirva para salvaguardar mejor sus derechos y prevenir algunos de los abusos que se venían cometiendo”, explica a este diario Christopher Burgess, especialista en inmigración de la Universidad Tsuda.

Pero la inmigración inquieta a los japoneses. Los hay que temen un aumento del crimen. Otros temen que la sociedad japonesa pierda su esencia o mayor presión sobre los servicios sociales “Sin embargo, saben que falta población y que necesitan inmigrantes para seguir creciendo, por eso muchos lo aceptan, aunque no sea de buen grado”, señala Kondo.

El 1 de abril comenzaron los exámenes para conceder los primeros visados. En Manila, unas cien personas se presentaron al examen técnico y de lengua para cuidar a personas mayores. En Osaka y Tokio, 347 pasaron las pruebas para trabajar en el sector alimentario. Por su parte, Truong y el resto de aprobados para trabajar en hoteles esperan ansiosos la convocatoria de la segunda prueba. “¿Mi sueño? Trabajar en un hotel de cinco estrellas”, asegura la vietnamita.

Lavanguardia

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