La coalición de gobierno saca adelante con 153 votos el impopular ajuste, una exigencia de los acreedores que ha puesto en pie de guerra a numerosos colectivos.

Entre los efectos de la reforma de las pensiones, el duodécimo ajuste de las mismas desde 2010, figuran la introducción de una mínima de 384 al mes para periodos de cotización de 20 años, la desaparición del fondo complementario de solidaridad y la homologación de los numerosos fondos de pensiones gremiales (el de los periodistas, por ejemplo, ya no existe, lo que ha puesto en pie de guerra a este colectivo). La reforma fiscal contempla el aumento en un punto del tipo más alto del IVA (a partir de ahora, el 24%), el ajuste a la baja de la base mínima imponible o, en fin, la progresiva equiparación al régimen general de sectores como el agrícola, que hasta ahora disponía de ventajosas condiciones. Los agricultores son otro de los colectivos que más han batallado contra la reforma.

Con estos ajustes —denominados medidas preventivas o de contingencia por los acreedores, impuestas por temor a que Grecia no alcance sus objetivos presupuestarios—, el Gobierno de Atenas pretende economizar 5.400 millones anuales para alcanzar en 2018 un superávit primario del 3,5% del PIB, una meta para muchos irrealizable. El primer ministro, Alexis Tsipras, aseguró este viernes ante su grupo parlamentario que la reforma "coloca al Estado del bienestar de nuevo en la buena dirección, sin reducir las pensiones principales, sin cortar ni un solo euro de la mayoría de los pensionistas" y con “una distribución más justa de la carga", ya que los incrementos afectan, según el Gobierno, a las clases medias y altas. La reforma de las pensiones es crucial “para evitar que el sistema colapse en unos años”, subrayó Tsipras a sus parlamentarios.

Efklidis Tsakalotos, ministro de Finanzas, ha advertido por su parte a los socios de la eurozona del riesgo de que Grecia se convierta en un “Estado fallido” si las conversaciones sobre el tercer rescate fracasan, según una carta dirigida a los ministros de Finanzas de la eurozona a la que ha tenido acceso la agencia France Presse.

El Parlamento ha debatido desde el viernes el controvertido ajuste bajo medidas de seguridad exacerbadas, con el perímetro del edificio y de la oficina del primer ministro cerrado, incluidos los accesos del Jardín Nacional, que colinda con ambas sedes. Por tercer día consecutivo tras dos de huelga general, el viernes y el sábado, los principales sindicatos y asociaciones gremiales sacaron de nuevo a sus partidarios a las calles este domingo, ya que además se celebraba, con una semana de retraso, el Primero de Mayo (fue aplazado al coincidir el domingo pasado la Pascua ortodoxa); también ha habido paros parciales en el transporte público de la capital griega. En la plaza Syndagma, donde se levanta el Parlamento, se produjeron como de costumbre disturbios aislados entre manifestantes y policías.

Son los colegios profesionales los que más batalla han dado contra esta nueva vuelta de tuerca de la austeridad, amenazando con multas o la expulsión a aquellos de sus miembros que sean diputados y votaran a favor de la reforma; entre ellos, el colegio de médicos, el de periodistas y el de farmacéuticos. También promete expulsar a sus afiliados parlamentarios el colegio de ingenieros, la profesión del primer ministro Alexis Tsipras, y de otros dos ministros. Acabar con las denominadas "profesiones cerradas" —casi todas las ejercidas por profesionales liberales o autónomos— es una vieja exigencia de la troika desde los días del primer rescate, en mayo de 2010.

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