El presidente del Poder Judicial defiende la “rabiosa independencia” de los jueces contra la corrupción

  06 Septiembre 2016    Leído: 235
El presidente del Poder Judicial defiende la “rabiosa independencia” de los jueces contra la corrupción
La fiscal general avisa a los independentistas que acudirá a todas las vías si se siguen incumpliendo sentencias

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha utilizado este martes su discurso más solemne —el de la apertura del año judicial— para defender la “rabiosa independencia” de los jueces y magistrados españoles contra la corrupción. “Los jueces no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo y no tienen más señor que la propia ley, expresión de la voluntad de la mayoría”, ha asegurado Lesmes ante el Rey.

Lesmes ha dedicado la parte inicial de su discurso a defender la integridad, el trabajo y el “buen hacer” de los 5.500 jueces españoles, que dictan un promedio de 300 sentencias al año cada uno —“más sentencias que días laborables”, ha recordado—. El máximo representante del Poder Judicial ha afirmado que en la Administración de Justicia “no hay héroes ni seres excepcionales”, sino que esta se construye “sobre la actividad cotidiana de una suma de hombres y mujeres prudentes, honestos y capaces”.

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“Los jueces asumimos con entusiasmo cada día la responsabilidad de procurar una justicia imparcial, eficiente y de calidad. Por ello nos duele escuchar que esa justicia (…) no es independiente, que está politizada, que son los partidos los que dirigen la acción de los jueces”, ha manifestado Lesmes. El presidente del Supremo ha asegurado que esta imagen de politización, vinculada al modelo de gobierno judicial, se “desmiente una y otra vez por cada uno de esos jueces y juezas que cada día se esfuerzan en sacar adelante procesos de todas clase tramitados (…) con los medios de los que disponen y siempre con respeto a las garantías del proceso y los derechos de los justiciables”.

Lesmes ha afirmado que la justicia española ha dado “la más eficaz y contundente respuesta” contra la corrupción, de la que ha dicho que es “el síntoma, no la enfermedad”. “Es un síntoma de pérdida de valores, de relativización de principios y de la apatía e insensibilidad que, hace ya más de un siglo, denunciaba Ortega”. “Son muchas las causas de corrupción que se están juzgando (…) y en todas ellas los hechos se manifiestan con terquedad en una misma dirección: los jueces están actuando con total y absoluta independencia, sin aceptar injerencia alguna”.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha reconocido que “la acción de la justicia no basta” contra la corrupción. La lucha contra la falta de ejemplaridad pública tiene que ir paralela, ha dicho con “estrategias de buen gobierno, de prevención y, sobre todo, de regeneración de la gestión pública”.

El magistrado ha hecho “autocrítica” al referirse a la imagen de la justicia: “El juez no siempre ha sabido transmitir a la ciudadanía la esencia de su función (…) Mi predecesor Javier Delgado decía que la justicia es poco fotogénica. Trabajemos para que lo sea.” Lesmes ha destacado, no obstante, que en las estadísticas de confianza institucional, los magistrados obtienen una buena nota pese a la “difícilmente digerible” carga de trabajo que pesa sobre algunos jueces y la “exigua media” de doce magistrados cada 100.000 habitantes, inferior a la media de los países europeos.

En el mismo acto, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha presentado la memoria del ministerio público correspondiente a 2015. La jefa de los fiscales ha dedicado la parte final de su discurso al “desafío al Estado de derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas”. “Frente a las vías de hecho, o las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional, sólo cabe recordar, como hace la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015 [que anulaba la declaración secesionista del Parlamento catalán del 9 de noviembre anterior], que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”. Y ha advertido: “En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales penales, si fuera el caso”.

"Ni la Ley ni la Constitución son inmutables. Su vitalidad y su misma vida pueden demandar cambios y reformas sobre las que se imponen el estudio técnico, la reflexión, el debate y el consenso políticos, para que las propuestas que finalmente procedan sean realmente las que los nuevos tiempos impone, o los cambios políticos o sociales demandan", ha reflexionado Madrigal.

Reuters

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