El gobierno de Luis Guillermo Solís cumple la mitad del cuatrienio lejos del color rosa del 2014; enfrenta obstáculos estructurales, urgencias fiscales y un aumento de la inseguridad.

Con urgencias fiscales, trabas por el sistema político y un incremento de la violencia que no acaba de reconocerse, el gobierno de Luis Guillermo Solís cumple esta semana la mitad de su mandato al frente de Costa Rica, el estable país centroamericano que en 2014 rompió el añejo bipartidismo del siglo XX al elegir a este profesor universitario en medio de una burbuja de expectativas que ha ido cediendo el paso al escepticismo.

Solís, representante de la línea de centroizquierda del Partido Acción Ciudadana (PAC), cierra este lunes 8 de mayo sus dos primeros años después de la ola de entusiasmo electoral que lo hizo triunfar con el 78% de los votos. Su popularidad no supera ahora el 20% en las encuestas y enfrenta la resaca anímica desde sectores de presión poderosos, como grupos empresariales temerosos de un aumento en los impuestos o sindicatos de empleados públicos que adversan los intentos de recortes en gasto estatal.

Mientras, el gobierno ha debido enfrentar una inexperiencia confesa y problemas para satisfacer la oferta de “cambio” que mencionaba el 8 de mayo de 2014 en su toma de posesión. “Vivimos un momento histórico extraordinario: la decepción de muchos costarricenses con sus gobernantes, con la política tradicional y sus estratagemas, se ha traducido en una resonante demanda de cambio, en una poderosa marejada que ha barrido a las viejas formas de administrar el poder. Un cambio creador y fresco, la primavera política que ha hecho florecer al país con ilusión”, decía entonces en el Estadio Nacional, cuando las altas expectativas lo inundaban.

La frase “el gobierno del cambio” ha sido interpretada de mil maneras y en la mayoría de ellas ha resultado insatisfactoria, explica el politólogo Fernando Zeledón, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, diversos estudios de opinión pública sí muestran una mejoría en la percepción sobre corrupción, a favor de la administración de Solís, sin que tampoco falten pequeños cuestionamientos incluso desde dentro de su partido.

A su favor también tiene el reconocimiento por el manejo de la crisis migratoria con 8.000 cubanos albergados durante cuatro meses en suelo tico y, para mayor impacto local: los indicadores macroeconómicos, al menos comparándolos con el estancado entorno de Latinoamérica. Pretende acabar el 2016 con un crecimiento de 4%. Se lo reconocen economistas opositores y lo mencionó Solís en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, en el que sin embargo advirtió que todo podría desaprovecharse si los diputados no aprueba un incremento en los impuestos para evitar que el déficit fiscal llegue al 8% al término del cuatrienio (ahora roza el 6%). Es esta la discusión fiscal que activa pasiones y vetos, pues la mayoría de los opositores más bien exigen recortar el gasto público antes de discutir cualquier aumento en la carga fiscal.

Esta alianza opositora, al mando legislativo, la forman los actores de la época bipartidista, el Partido Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), además de pequeñas y diversas fuerzas que han surgido en los últimos 15 años con banderas ideológicas pero también sectoriales, como los cristianos evangélicos. Frente a ellos, el gobierno de Solís ha ido negociando entre pruebas y errores, entre concesiones y chispazos de carácter. Propios y extraños lo califican como un político con empatía y buen talante, pero con dificultad para tomar decisiones. Tampoco la tiene fácil. Además de la atomización política, hay consenso en que el Estado es un pantano de impedimentos, hipercontrolado entre instituciones y dominado en buena parte por mandos medios blindados por el sistema de empleo público. A esto atribuye el Gobierno su atraso en el desarrollo de infraestructura pública, una de las principales demandas populares.

El problema que más ha repuntado en las preocupaciones ciudadanas, sin embargo, es la inseguridad, jalonada por la lucha entre grupos de narcotraficantes en los centros urbanos. La tasa de homicidios volvió a superar los 11 por cada 100.000 habitantes en el cierre de 2015 y una parte de la población lo achaca a la interrupción de políticas eficaces del gobierno de Laura Chinchilla.

Otro indicador adverso es el de pobreza, que sigue estancada en un 21% de la población, ligada en buena medida a las dificultades para incorporar a la fuerza laboral al 10% de la población que busca empleo y no consigue. La pobreza extrema, cuya eliminación fue una promesa de campaña de Solís, más bien ha aumentado y ahora alcanza al 7% de la población.

“No sabemos bien si la gente escogió a este gobierno para que redujera la pobreza o el desempleo. No sabemos si ese era el cambio o si el cambo era solo sacar al PLN, como podría ser. Como sea, creo que ahora hay una experiencia de dos años y puede ser provechosa”, opina Iván Barrantes, el estratega de imagen a quien se atribuye buena parte del éxito. Lo acusaron de querer vender la imagen del entonces candidato como si fuera una soda y de trivializar la propuesta política.

Solís recibió 1,3 millones de votos y no falta quien se arrepienta. “Hubo la idea de que su elección iba a revolucionar la ruta que traía Costa Rica, pero él y cualquier gobierno tiene márgenes de maniobra muy limitados. Su error está en ponerse metas numéricas, plazos o cantidades, que se tornan en su contra al no poder cumplirlas”, comenta el politólogo Fernando Zeledón. Añade que ya están armándose las propuestas electorales para el 2018 y hay sectores interesados en que Solís fracase, con la posible complicidad de una parte de la prensa.

Lo sabe Solís, que en su discurso anual recordó su intención de no volver a postularse de nuevo a un cargo de elección popular y admitió que hay tareas pendientes en términos de credibilidad: “hay que volver a creer”.

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