Sigue en marcha la campaña represiva en Turquía. En su último capítulo, 540 jueces y fiscales, 820 efectivos militares y cerca de 8000 policías e integrantes de la Gendarmería fueron apartados de sus funciones y están siendo investigados. Sobre ellos pesan acusaciones de tener vínculos con el fallido golpe de Estado del 15 de julio.
Por su parte, el presidente Erdogan defiende a capa y espada estas remociones. En una intervención en el Palacio Presidencial en Ankara (capital), Recep Tayyip Erdogan señaló que las detenciones de jueces y fiscales causarán un alivio importante en la implementación de la verdadera justicia en el país.
Mientras tanto, la Unión Europea (UE) instó a Turquía a proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Expresó su preocupación por la detención de numerosos periodistas tras la tentativa de golpe y sigue exigiendo cambios en las leyes turcas.
El presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, también reiteró que para llegar a un acuerdo de eliminación de visados, Turquía debe cumplir todos los criterios europeos, incluyendo cambios en las leyes antiterroristas. Una petición rechazada por Ankara.
Bruselas y Ankara firmaron un controvertido acuerdo en marzo pasado, según el cual, el bloque brinda ayuda financiera para que este país acoja en su territorio a refugiados sirios. Un pacto que Turquía ha condicionado su cumplimiento con la liberalización del régimen de visados para ciudadanos turcos que quieran viajar a la Unión Europea.
hispanTV
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