Cinco años después de que Rusia se anexionara la península ucrania de Crimea, al presidente Vladímir Putin se le están acabando los réditos de lo que muchos rusos definen como “la vuelta a casa” de estos territorios. La adhesión, condenada internacionalmente y firmada tras un referéndum considerado ilegal, ha desencadenado una cadena de sanciones contra Rusia, que no dudó en responder. Un lustro después de la anexión, Putin está completando su objetivo de conectar totalmente la península con el continente ruso, reforzando el suministro energético y el transporte. Mientras, en Crimea, las organizaciones internacionales denuncian detenciones arbitrarias y ataques a los derechos humanos.

El 18 de marzo de 2014, el quiosco de Irina Valiulina, en Tamán, una pequeña localidad rusa en una de las bahías del estrecho de Kerch, se quedó sin banderas de Rusia. El fervor patriótico desencadenado por la firma del decreto de anexión por el presidente Putin sacó a mucha gente del pueblo (donde viven unos 10.000 habitantes) a la calle para celebrar lo que, en terminología del Kremlin, se promociona como el “regreso”. Hoy, Valiulina tiene banderas de sobra.

Los rusos, como esta risueña vendedora de 53 años, siguen apoyando mayoritariamente la adhesión. También en Crimea las cifras son buenas: un 72% de los crimeos (un 62% de los menores de 24 años) cree que ha tenido un efecto positivo, aunque esas cifras provienen del Centro Ruso de Investigación de la Opinión Popular (estatal). Pero cada vez son menos los rusos que creen que esta ha logrado más beneficios que daño: un 39% según una encuesta de Public Opinion Foundation, con sede en Moscú, publicada el viernes, frente al 67% de finales de 2014. Y al mismo ritmo, apunta Andrei Kolesnikov, del Centro Carnegie de Moscú, “la popularidad de Putin, que en la última década ha estado vinculada a campañas militares y a excitación patriótica” también está mermando. Las impopulares reformas, como el aumento de la edad de jubilación así como la crisis económica que vive Rusia, ya no se curan con discursos patrióticos ni beligerantes.

La aprobación del presidente ruso, que ha mostrado un apetito voraz por ganar territorios para alimentar su idea del “resurgimiento de Rusia”, alcanzó un 86% tras la anexión de la península de Crimea; solo un par de meses antes estaba en un 65%, según datos del Centro Levada (independiente). Y explotar ese discurso sobre un Occidente hostil y rusófobo le llevó a ganar con un 76% las elecciones hace justo un año. Algo similar ocurrió con la breve guerra con Georgia en 2008, cuando Putin alcanzó un 88% de aprobación y Rusia se hizo con Osetia del Sur y Abjasia en un gesto que, para John Lough, del think tankChathan House, y otros analistas, marcó la política exterior que se consolidaría con la anexión de Crimea.

El Kremlin, al margen de toda condena internacional, sigue impulsando sus proyectos para acelerar la integración de la península. Ha invertido en un nuevo aeropuerto, en algunos proyectos de turismo en el sector vitivinícola y en reforzar la presencia militar. Y hace diez meses, a lomos de un camión de fabricación rusa, el presidente ruso inauguró el puente de Crimea, una pasarela de 19 kilómetros sobre el estrecho de Kerch, que para muchos simboliza su afán expansionista. En los primeros seis meses tras su apertura, ya lo han atravesado unos tres millones de vehículos, según las autoridades. La pasarela, construida por la empresa del oligarca y compañero de yudo de Putin Arkadi Rotenberg y que ha costado por ahora unos 4.000 millones de dólares, se completará a finales de este año con una línea férrea.

Y ese enlace por tren, que tendrá un coste adicional de unos 1.700 millones de dólares, supondrá un paso más en la conexión total con Crimea, como apuntó el líder ruso hace unas semanas en su discurso anual sobre el estado de la nación. Hoy, cuando se cumple justo un lustro desde que firmó el decreto de anexión, está previsto que Putin visite la península e inaugure una de las dos nuevas centrales térmicas, como culminación de una serie de eventos en distintas zonas de Rusia y en la península, que se han llamado “la primavera de Crimea”. Todo con eventos tan vistosos como el despliegue de una gigantesca bandera rusa en Crimea por parte de los Lobos de la Noche, los motociclistas rusos ultranacionalistas y fervientes admiradores de Putin y de Stalin.

Mientras se suceden los festejos, en las localidades cercanas al puente, con carreteras parcheadas y carencia de infraestructuras, los obreros descansan poco. Se afanan por llegar a tiempo a los plazos previstos para erigir nuevas estaciones de tren.

La vendedora Valiulina, que no deja solo ni un día su quiosco de Tamán, no ha cruzado por la kilométrica pasarela. Está muy conforme con la anexión, pero también reconoce que esperaba que derivase en un mayor desarrollo. Tanto para Crimea como para su pueblo, el último antes del puente. “Creía que iban a llegar más turistas y que habría más inversión", señala. Su hijo Alexander sí suele cruzarlo una vez al mes. Cuando estuvo abierto al público se apresuró a coger el coche con un par de amigos y atravesarlo. Fue más bien una cosa simbólica, asegura. 

A solo unos kilómetros de Tamán, un mirador vigilado por dos militares y coronado con un lanzacohetes de la Segunda Guerra Mundial transformado en monumento, muestra el progreso de la construcción. Un enorme cartel publicita que cuando termine todo el proyecto pasarán 29 pares de trenes al día (15 de pasajeros, diez de carga y cuatro de enlace).

Hace cinco años, hubo pocas bajas entre la población civil crimea, pese a la participación del misterioso ejército de hombrecillos verdes, sin banderas ni galones —que bastante después Rusia confirmó como miembros de sus fuerzas especiales— que permitió y apoyó la súbita organización del referéndum de anexión a Rusia —que obtuvo un 95% de síes—. Sin embargo, esa operación, que se producía poco después de que los ucranios derrocasen en Kiev a Viktor Yanukovich, aliado de Rusia, fue el preludio de un conflicto en el Este de Ucrania, donde el Kremlin apoya a los rebeldes separatistas prorrusos, que ha causado ya entre 10.000 y 13.000 muertos y 1,5 millones de desplazados.

Desde la anexión, se desconectaron en Crimea todos los canales de televisión ucrania y se prohibieron canales y medios de comunicación, como el de los tártaros. Además, organizaciones internacionales y la ONU han alertado de constantes vulneraciones de los derechos humanos, como redadas, allanamientos purgas de los servicios públicos o detenciones irregulares. Sobre todo hacia la comunidad tártara, denuncia la Comisionada para los Derechos Humanos de Ucrania, Liudmila Denisova, que afirma que al menos 34 ciudadanos ucranios están detenidos ilegalmente en cárceles de Crimea y otros 35 en Rusia.

Este domingo, la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, también habló de vulneraciones de derechos y afirmó que se ha producido un "deterioro significativo" en la situación en la península de Crimea desde la anexión. "Los residentes en la península afrontan restricciones sistémicas a sus libertad fundamentales: expresión, religión o creencia, asociación y manifestación pacífica", dijo la jefa de la diplomacia europea en un comunicado.

Elpais

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