De acuerdo con los resultados de una investigación de Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), desde el comienzo de los embargos contra Venezuela en 2013 hasta 2017, este país ha sufrido una pérdida de  350 000 millones de dólares en producción de bienes y servicios.

“Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013, el sector público venezolano dejó de recibir en términos netos flujos que en el quinquenio 2008-2012 habían supuesto más de 95 000 millones de dólares, es decir, unos 19 000 millones de dólares anuales”, indicó la publicación de Celag.

Aseguró, además, que la economía y la sociedad sufrieron una asfixia internacional de 22 500 millones de dólares anuales debido a una “estrategia deliberada internacional de aislamiento financiero”.

Estas sanciones han empeorado la economía de Venezuela, ya que es un país petrolero, y las importaciones que realiza la nación se realizan con los ingresos de la producción de petróleo. 

En consecuencia, las pérdidas en producción de bienes y servicios oscilaron entre una horquilla de 350 000 millones y 260 000 millones en el período 2013-2017.

Celag, asimismo, explicó que las medidas restrictivas contra la economía del país bolivariano han provocado la migración de los venezolanos, y esto ha servido de pretexto para insinuar que en Venezuela existe una crisis humanitaria.

Si Venezuela hubiera contado con apoyos financieros como los que entregaron al Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, “el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano sería superior al argentino”, añade Celag.

Hace más de 10 días, la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA): incluyen la congelación de activos por 7000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que emitan empresas estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.

Caracas condena las sanciones estadounidenses, asegurando que son parte de un plan internacional para derrocar al Ejecutivo de Maduro, también la “guerra psicológica” promovida por EE.UU. y sus aliados regionales para “hacer creer al mundo que hay una crisis humanitaria” en Venezuela y justificar sus sanciones y una intervención militar.

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