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Más de 200.000 personas marcharon hace unos días por las calles de Lima y otras ciudades de Perú para protestar contra la violencia que sufren las mujeres. La mecha se prendió tras la visibilización pública de los casos de dos mujeres —Lady Guillén y Arlette Contreras-—que fueron brutalmente agredidas por sus parejas y, posteriormente, humilladas por un sistema de Justicia que ha sentenciado a los agresores a "prisión suspendida", lo que significa su puesta en libertad con la prohibición de abandonar el país. Nada más.

Esta impunidad, dictada por una judicatura machista y con altos niveles de corrupción, se suma a una realidad estremecedora: la violencia contra las mujeres en Perú podría ser considerada una epidemia. Siete de cada diez peruanas afirman haber sufrido algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2015. Deshonrosamente, el país ostenta el tercer puesto del podio mundial de denuncias por violencia sexual, tan solo por detrás de Etiopía y Bangladesh, según la Organización Mundial de la Salud (2013) y una media de 10 mujeres son asesinadas al mes por sus parejas o exparejas.

Estas cifras, públicas y conocidas, han sido denunciadas por las feministas y las organizaciones de mujeres desde hace años, ante la indiferencia y silencio de gran parte de la sociedad, hasta la reacción multitudinaria del pasado 13 de agosto. La agresión a Arlette, grabada por las cámaras de su hotel y viralizada en internet y televisión, ha sacado a la luz lo que antes era privado, abriendo la puerta a que mujeres de diversas clases sociales y etnias empiecen a romper sus silencios, a superar la vergüenza social que impone el haber sido agredida o violada.

Es un ‘despertar’ que ha llegado Lima, la capital, pero también a lugares como Acobamba, en la zona rural. Allí trabaja Alianza por la Solidaridad desde hace año y medio —con las organizaciones peruanas Demus y el Movimiento Manuela Ramos— en un proyecto que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, gracias a la financiación de la Cooperación Española. En Acobamba hemos podido escuchar a mujeres que, entre lágrimas, pero con la seguridad de quien no va a callar más, cuentan en público que fueron violadas, una declaración que hace poco hubiera sido impensable. La misma necesidad de contar sus historias de agresiones y violaciones la han tenido otras muchas mujeres en la página del Facebook de la campaña de sensibilización Ni una menos, puesta en marcha en Perú.

Precisamente, gran parte del trabajo de Alianza en el país consiste en empoderar y capacitar a mujeres de los distritos de Acobamba y Lima para que se conviertan en agentes locales que vigilen actitudes y prácticas negativas relacionadas tanto con la salud sexual y reproductiva como con la violencia de género, ya sea entre personal sanitario, policías o representantes públicos. Son mujeres de las que hasta hace poco las autoridades se reían, que eran ignoradas cuando acudían a la comisaría a denunciar una paliza, incapaces de alzar la voz para reclamar sus derechos. Ahora, sin embargo, no solo lo hacen , sino que ayudan y acompañan a otras que sufren esa callada violencia, fortaleciéndose así una red de lideresas que colabora en ese despertar social que ha llenado las calles.

Queda pendiente que la sociedad se escandalice ante otras formas de violencia más sutiles

Pero para conseguir resultados efectivos, además de realizar ese trabajo a nivel local, también es preciso exigir el cumplimiento de los derechos humanos y de las leyes al Estado, porque de nada sirve que se denuncien los casos si luego no se toman medidas efectivas en el poder judicial, en el Congreso del país o en el Gobierno. Por ese motivo también se han realizado también acciones de presión política, como el desarrollo de un Protocolo de Investigación Eficaz para casos de Feminicidio (que ha contado con el asesoramiento del médico español Miguel Lorente); talleres de formación con jueces o encuentros con políticos para acordar los compromisos por los derechos de las mujeres en la legislatura que comienza, bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski.

No se puede obviar que ha habido avances. En noviembre de 2015 el Gobierno peruano aprobó la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y el pasado 27 de julio, justo un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente, se aprobó de urgencia un plan nacional que considera la diversidad cultural de las peruanas y que incluye sanciones a otras violencias fuera de la familia, como el acoso político a las mujeres. Pero también es cierto que hacen falta recursos para que sean avances efectivos. Es evidente la falta coordinación entre las instituciones que deben prevenir y sancionar este tipo de violencia y, por supuesto, es preciso una reforma del sistema judicial que acabe con la impunidad penal y social de los agresores. Las mujeres de Perú comienzan a romper su silencio, pero no basta. Una vez dado el paso de la denuncia, es preciso que reciban atención adecuada y también que la Justicia actúe con rapidez para resolver los casos.

Y es solo el principio del camino en Perú. Aún queda pendiente que la sociedad y el Estado se escandalicen ante otras formas de violencia más sutiles, pero igualmente dañinas, que perpetúan la dominación sobre las mujeres, como son su cosificación en los medios de comunicación, la construcción del concepto de amor romántico desde la infancia o la penalización del aborto, aún en caso de violencia sexual.

Afortunadamente, las cosas están cambiando en el país y las mujeres rurales, urbanas, indígenas o mestizas, junto con las organizaciones feministas, seguiremos trabajando para que este despertar siga vivo.

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