"Frente a alegaciones recientes de representantes del Gobierno de Guatemala sobre el desempeño de esta Comisión, me permito adjuntar un documento con alguna información sobre el funcionamiento del sistema de justicia", afirmó el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en una carta dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, António Gutérres, que fue publicada en la cuenta de la red social Twitter de la Comisión.

El 7 de enero, el presidente Jimmy Morales dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin en 24 horas al acuerdo con la ONU que creaba la CICIG, debido a que incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país.

Sin embargo, Velásquez afirmó que todas las acusaciones del Ejecutivo son falsas y que el Gobierno se resiste a la CICIG porque no quiere perder privilegios.

"Se ha afirmado que CICIG es un ente supranacional que actúa sin control o rendición de cuentas (…) si bien Cicig puede realizar investigaciones independientes, no tiene acción penal: no puede presentar casos ante los tribunales", sostuvo Velásquez.

Explicó que la CICIG no ha abusado de la prisión preventiva ni ha realizado allanamientos ilegales, como ha afirmado el Gobierno, ya que según la legislación guatemalteca, sólo pueden ser dictados por el juez.

"Se ha afirmado que los casos que apoya CICIG en materia de investigación responden a fines de tipo ideológico, encaminando persecuciones selectivas. No existe evidencia alguna de esta aseveración (…) los casos apoyados por CICIG desde su creación han afectado a (…) diputados de múltiples partidos políticos, funcionarios de las cinco últimas administraciones, alcaldes, miembros del Ejército, Policía Nacional Civil y representantes del sector privado", agregó Velásquez.

Además, consideró que la CICIG no se ha inmiscuido en asuntos internos al promover 34 reformas constitucionales.

"El proceso fue participativo, transparente y auspiciado por los poderes del Estado. Lamentablemente la falta de voluntad política ha frenado la aprobación de unas reformas que son fundamentales para el fortalecimiento del sector justica y la consolidación de los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción", agregó.

Con respecto a la acusación de que la CICIG no rinde cuentas sobre el uso de sus fondos ni de sus actividades, Velásquez aseveró que la comisión se financia "bajo normas contables y estándares de transparencia" utilizados por Naciones Unidas.

En 2018, el Gobierno guatemalteco ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada al país a Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.

En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

Sputnik

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