"Entre enero y diciembre de 2018 Fundamedios registró 144 ataques a la libertad de expresión. Esto significa una reducción del 52% en comparación con las alertas emitidas en 2017", dijo Fundamedios en su informe anual hecho público el martes.
La ONG añadió que aunque se trata de una disminución significativa, el número de agresiones contra medios de comunicación, periodistas y activistas sigue siendo lo suficientemente importante.
"A partir de mayo de 2017, Ecuador empezó a experimentar un "cambio de marea" en cuanto a libertad de expresión. Sin embargo, tras la salida de Rafael Correa del poder, el legado de su estructura política e institucional —que atentó en contra de la libertad de expresión- no ha desaparecido del todo", enfatizó Fundamedios.
La organización añadió que desde que Lenín Moreno asumió la presidencia se han tomado una serie de decisiones y medidas con miras a fortalecer una transición "de un modelo autoritario hacia una democracia abierta".
Sin embargo, se han dado hechos insólitos como enjuiciamientos impulsados por funcionarios o autoridades educativas para llevar a la cárcel y hacer pagar multas millonarias contra quienes los critican en redes sociales.
Adicionalmente, Fundamedios citó las agresiones constantes a reporteros y camarógrafos en las manifestaciones que partidarios del Gobierno anterior realizan para defender a los exservidores públicos acusados de corrupción, así como los casos de censura en Internet.
La ONG calificó como "la prueba más grave" que ha vivido la libertad de prensa en Ecuador al secuestro y posterior asesinato de un equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera con Colombia.
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias "Guacho", el pasado 26 de marzo y su muerte se confirmó el 13 de abril.
De acuerdo con el monitoreo de Fundamedios, los mayores agresores a la libertad de expresión fueron actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales; sin embargo, las agresiones no provinieron del Ejecutivo, sino de autoridades locales de provincias y funcionarios.
La forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas, en los últimos 12 meses se reportaron 20 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet.
Sputnik
