Las autoridades de Azerbaiyán solicitaron ayuda a Ankara para investigar los vínculos y la financiación de los partidarios de Fethullah Gulen, exiliado teólogo musulmán al que Turquía acusa de haber orquestado la asonada del pasado 15 de julio.

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"Acorde a los requisitos de la Convención Europea, se ha cursado al fiscal general de Turquía una petición para realizar en el territorio de este país las pesquisas con el fin de esclarecer los vínculos extranjeros de los partidarios del predicador Fethullah Gulen que operan en Azerbaiyán y las fuentes de su financiación", consta en una declaración conjunta del Ministerio del Interior, la Fiscalía General y el Servicio de Seguridad Nacional de Azerbiayán.

El pasado sábado, el jefe del departamento de Relaciones Exteriores en la Administración del presidente Ilham Aliyev, Novruz Mammadov, dijo que una investigación en marcha apunta a que los gülenistas mantienen vínculos con la oposición azerbaiyana, y aseguró que las autoridades van a descubrir a todos y frenarán los intentos de desestabilizar la situación.

Previamente, el Servicio de Seguridad Estatal de Azerbaiyán reportó la detención de un grupo de individuos supuestamente relacionados con el movimiento de Gulen.

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El movimiento gülenista, Hizmet (Servicio), que coopera con escuelas privadas y universidades en más de 150 países, es para el Gobierno turco una "organización terrorista" y una especie de "Estado paralelo" detrás del fallido golpe de Estado que se saldó con 240 muertos, sin contar a los amotinados, y casi 2.200 heridos.

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El propio Gulen rechaza rotundamente su implicación en los sucesos del 15 de julio, propone establecer una comisión internacional para investigar la asonada e insinúa a que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se aprovecha de la situación para dar un golpe blando contra la Constitución.

Mientras, en Turquía se declaró por tres meses un estado de excepción a raíz del amotinamiento y continúa una campaña de purgas que ya resultó en 40.000 personas detenidas, unas 20.300 arrestados y casi 80.000 suspendidas de sus cargos.Sputnik

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