Desde su regreso al poder en el 2010 –antes había gobernado ya, entre 1998 y el 2002–, Orbán ha gozado no sólo de una mayoría aplastante en el Parlamento sino de una oposición fragmentada, poco dada a cooperar entre sí.

De resultas, el líder de Fidesz ha podido ir implantando medidas de aroma cada vez más autoritario, y de mayor control sobre una sociedad en la que, para pesar de sus contendientes, sigue contando con amplio respaldo. Esta vez, sin embargo, incluso el partido de ultraderecha Jobbik está desfilando codo con codo junto a socialistas, liberales, izquierdistas y ecologistas contra una ley que los ciudadanos perciben como de impacto directo en sus vidas.

En vigor a partir del 1 de enero
La nueva ley prevé que los empresarios puedan pedir hasta 400 horas extraordinarias anuales a los empleados a pagar en tres años

Según la nueva norma –que si no hay cambios entrará en vigor el 1 de enero–, los empresarios podrán pedir a sus empleados que hagan hasta 400 horas extraordinarias anuales frente al actual máximo de 250, y pagárselas en un plazo de hasta tres años, cuando en la actualidad se cobran como mucho al cabo de un año.

Ese nuevo volumen representa el equivalente de dos meses de trabajo y es “exorbitante”, dicen los sindicatos, normalmente muy inactivos y con pocos afiliados, pero que desde el primer día bautizaron la norma, con gran éxito mediático, como ley de la esclavitud.

El texto permite además al empresario pactar las horas directamente con el empleado, fuera del marco del convenio colectivo, lo cual, alertan sus detractores, aboca al trabajador a no poder negarse fácilmente.

Si los partidos logran mantener algún tipo de cooperación entre ellos, podrán canalizar la movilización en las próximas elecciones europeas”

 Politólogo e investigador en el laboratorio de ideas liberal Republikon“Los sindicatos han conseguido enmarcar la nueva norma como una ley de la esclavitud que va contra la libertad individual, y todos los partidos de la oposición, incluso Jobbik, se han unido a la protesta desde el principio”, explica el politólogo Dániel Mikecz por teléfono desde Budapest. Mikecz, investigador en el laboratorio de ideas liberal Republikon, sostiene como otros analistas que este raro momento de comunión entre todos los partidos opuestos a Fidesz puede generar algún resultado. “Sus votantes están viendo que sus partidos han mostrado capacidad de acción –argumenta el politólogo húngaro–. Si los partidos logran mantener algún tipo de cooperación entre ellos, podrán canalizar la movilización en las próximas elecciones europeas”.

En efecto, los comicios europeos del 26 de mayo, para los que rige el sistema proporcional, facilitan que la oposición pueda concurrir con cada partido con su candidato, pero moralmente unida en un frente contra Orbán, para laminar así un tanto la previsible victoria de Fidesz. En cambio, en el siguiente test del 2019, las elecciones municipales de octubre, los partidos opositores sí deberán consensuar candidatos si quieren intentar asaltar alcaldías importantes. En la actualidad, Fidesz controla el Parlamento húngaro con una supermayoría de dos tercios (tuvo el 49% de votos en las elecciones del pasado 8 de abril), con Jobbik con el 20% como segundo partido, y todos los demás a respetable distancia.

De hecho, los observadores coinciden en que Orbán, habituado al rodillo parlamentario en la aprobación de leyes de corte autoritario pero relativamente abstractas, no calculó que la ley de las horas extras sí afecta de modo directo a todo ciudadano. Según un sondeo de Republikon, incluso el 63% de los votantes de Fidesz desaprueba la nueva ley, y según otro sondeo del instituto Policy Agenda, el 83% de los húngaros la rechaza, cifra que por lógica incluye necesariamente a muchos votantes de Fidesz.

Orbán tampoco calibró que, en el calor de la protesta laboral, manifestantes y políticos acumularían otras reivindicaciones, en particular la libertad de prensa. Así, el pasado lunes 17 la multitud se concentró en Budapest ante la sede de la televisión pública, la MTVA, y una decena de diputados opositores entró en el edificio exigiendo leer cinco demandas en antena. Tres de ellos fueron sacados con malos modos por vigilantes de seguridad.

Las cinco demandas, apoyadas por cuatro de los cinco partidos de la oposición, incluían: la revocación de la ley de la esclavitud; la supresión de otra ley aprobada el 12 de diciembre que en la práctica crea un sistema judicial paralelo para juzgar casos relacionados con la administración pública; que Hungría participe en la Fiscalía Europea (en la que están 22 de los 28 socios de la UE); reducir las horas extras de los policías, e independencia e imparcialidad de los medios de comunicación públicos.

En realidad, la precaria situación de la libertad de prensa en Hungría va mucho más allá de los medios de titularidad pública. A finales de noviembre, unos 480 medios de comunicación propiedad de aliados de Orbán (todos los diarios locales, varias radios, revistas, portales de internet, tabloides y prensa deportiva) se fusionaron en la llamada Fundación Centroeuropea de Prensa y Medios, técnicamente una organización sin ánimo de lucro controlada por el empresario afín Gábor Liszkay. Por decisión gubernamental, quedará exenta de escrutinio regulador debido a su “carácter estratégico”.

Con este nuevo conglomerado de orientación conservadora controlando la mayoría de los medios, a las otras pocas cabeceras que resisten –y que ya tienen muchas dificultades de financiación publicitaria– les resultará prácticamente inviable competir en el mercado. “Ya no hay libertad de prensa en Hungría, la política de medios del Gobierno de Viktor Orbán es totalmente contraria a lo que demanda la Unión Europea; las voces críticas son sistemáticamente apartadas, el país es una tumba para la libertad de expresión”, señala el alemán Lutz Kinkel, director del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de Medios (ECPMF, por sus siglas en inglés), con sede en Leipzig.

Gran parte de la prensa magiar replica habitualmente las tesis antiinmigración de Fidesz, los argumentos de Orbán sobre la defensa de la cultura cristiana de Europa frente al islam, y sus ataques contra George Soros. Son discursos que resuenan poderosamente en muchos electores –sobre todo en zonas rurales– de este país de 9,8 millones de habitantes. Según un sondeo de noviembre del laboratorio de ideas progubernamental Nézopont, Fidesz tiene ahora apoyos del 38%, mientras que toda la oposición junta tiene en torno al 25%.

Según el Gobierno de Orbán, la ley laboral persigue remediar la escasez de mano de obra. Con una tasa de paro del 2,4%, una baja natalidad, mucha juventud marchándose al extranjero, y la restrictiva política antiinmigración, la economía se resiente por falta de trabajadores. De hecho, el Ejecutivo ha orillado levemente su postura refractaria a la migración para atraer a trabajadores ucranianos. La idea, según señalan los críticos a Orbán, denota qué tipo de inmigrantes son aceptables para Fidesz: personas caucásicas y de tradición cristiana.

El Gobierno ha cargado contra las protestas pintándolas como un intento desesperado de la débil oposición y de activistas a sueldo del extranjero. “Los ciudadanos tienen derecho a protestar siempre y cuando no vulneren la ley –escribió el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, la semana pasada en su blog–. Pero cuidado cuando emerge una pequeña minoría de activistas adiestrados en el extranjero, representantes de partidos políticos perdedores y, sí, golpistas de la red de Soros, empeñados en derrocar a un gobierno popular, elegido democráticamente.”

La alusión al millonario filántropo estadounidense George Soros, a quien Orbán y los suyos acusan sistemáticamente de financiar actividades contrarias a los intereses de Hungría, y en particular de planear la incorporación masiva de inmigrantes al país, es un clásico de la estrategia política de Fidesz. En las manifestaciones ha habido episodios de violencia, atribuidos por el Gobierno a “vándalos a sueldo de Soros”. La fundación Open Society, fundada por el magnate, rechazó vivamente la recriminación la semana pasada. “El pueblo húngaro está protestando contra su Gobierno porque tiene quejas legítimas –dijo el grupo en un comunicado–. Nadie cree la falsa afirmación de Viktor Orbán de que George Soros está detrás de estas protestas.”

En estos días, los manifestantes se han echado a la calle no sólo en la capital, sino también en ciudades de buen tamaño como Debrecen, Miskolc, Pécs o Kaposvár, entre otras. La más numerosa fue la del domingo 16 en Budapest, que reunió a 15.000 personas, cantidad en cualquier caso modesta si se compara con las 40.000 que se congregaron en abril del 2017 para denunciar las medidas gubernamentales contra determinadas oenegés y contra la Universidad Centroeuropea (CEU), centro privado fundado y financiado por Soros con sede en Budapest.

El pasado 3 de diciembre, la CEU cedió a la presión de Orbán y anunció el traslado a Viena de una significativa parte de su actividad docente. “Esta vez al Gobierno no le va a funcionar el recurso de ­culpar a Soros de todos los conflictos –concluye el politólogo Dániel Mikecz–. Es un discurso dirigido a sus propias filas, pero está claro que en las manifesta­ciones hay muchos trabajadores enfadados por las horas extras”.

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