El futuro de la operación, cuyo mandato vence el próximo 31 de diciembre, se llegó a poner en duda por el rechazo de Italia a prolongarla en los términos actuales --todos los inmigrantes rescatados van a Italia-- si los países no llegaban a una solución para su redistribución posterior o más países ofrecían sus puertos para desembarcos.
La operación fue lanzada en abril de 2015 después de que un pesquero con más de 800 personas a bordo se hundiera frente a las costas de Libia, a petición expresa de Italia. El resto de países accedió después de que Roma se comprometiera a llevar a su territorio a todas las personas rescatadas.
Además de luchar contra las mafias, el mandato de la operación también contempla ayuda para la Guardia Costera de Libia y contribuye a la aplicación del embargo de armas impuesto por la ONU al país norteafricano, como ha recordado el Consejo en un comunicado difundido este viernes.
Aunque no es una misión de salvamento marítimo y la búsqueda y rescate no figura en su mandato, el socorro en caso de naufragio es una obligación en virtud del derecho internacional. La operación cuenta con tres buques de España, Italia y Alemania, dos aviones de España y tres que aportan Luxemburgo, Polonia e Italia.
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