"Nosotros le hemos dado todo el apoyo a la CICIG, hemos actuado de buena fe, pero ¿cómo ha actuado la otra parte? ¿Qué pasa cuando yo le hablo 20 veces y usted no contesta? No hay diálogo. Ante esto nosotros podemos decir que en Guatemala se cumplirá la ley", dijo el mandatario después de la inauguración de un hospital en Villa Nueva (centro), según un audio publicado por Emisoras Unidas.

El Gobierno de Guatemala advirtió a ocho investigadores de la CICIG y a tres de sus familiares que tenían 72 horas para dejar el país, luego de retirarles sus acreditaciones diplomáticas y visados.

Según Morales, el retiro de las visas a los expertos de la CICIG fue un "paso más de un proceso administrativo" y consideró que el Gobierno ha actuado de "buena fe".

Morales sostuvo que las visas de cortesía son un resorte del Estado y su retiro no obedece a venganza o enojo.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron siete acciones legales ante la justicia para frenar la expulsión de los investigadores de la CICIG.

Por su parte, el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein, anunció que el Grupo de Donantes (G-13), una instancia de coordinación entre nueve países y cuatro organizaciones multilaterales que destinan recursos para el país centroamericano, se reunirá para analizar la crisis de la CICIG.

El Grupo de Donantes está conformado por Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido.

El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, había dicho el miércoles que la decisión del Gobierno es "arbitraria y carece de fundamento legal".

"La única razón expresada, tanto por el Presidente de la República como por la ministra, señalando de terroristas a esos funcionarios (…) es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente", agregó Velásquez en un comunicado.

La CICIG añadió que esta medida "busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) sea en las investigaciones o en varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios".

El Gobierno de Jimmy Morales anunció este año su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada a su comisionado, que había viajado momentáneamente a EEUU.

La comisión, creada en 2006 por acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito. 

Etiquetas: