Las milicias étnicas que han surgido en el centro de Malí para frenar la creciente presencia de los grupos islamistas en esta parte del país han matado en 2018 a al menos 200 civiles y quemado de decenas de aldeas, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW), que ha pedido al Gobierno que actúe contra estos grupos y proteja a la población.

Desde 2018, los grupos islamistas han incrementado de forma progresiva su presencia en el centro de Malí, ejecutando a decenas de civiles y funcionarios gubernamentales y cometiendo otros abusos. Su presencia y reclutamiento de pastores peuhl ha aumentado las tensiones con las comunidades bambara y dogon, agricultores y cazadores esencialmente, y provocado la emergencia de grupos étnicos de autodefensa.

Estos grupos, explica HRW, argumentan que han tenido que asumir la seguridad de sus comunidades porque el gobierno no les está protegiendo de forma adecuada. "El acceso fácil a armas de fuego, incluidas armas de asalto militar, ha contribuido al crecimiento y militarización de estos grupos", destaca la ONG.

La mayoría de las víctimas constatadas por HRW en su último informe, "'Solíamos ser hermanos': Abusos de los grupos de autodefensa en el centro de Malí", son miembros de la etnia peuhl que han sido atacados por grupos de autodefensa dogon y bambara por su presunto apoyo a grupos armados islamistas vinculados a Al Qaeda.

El informe documenta ataques por grupos armados contra 42 localidades y aldeas en la región de Mopti, especialmente cerca de la frontera con Burkina Faso, y la localidad de Djenne, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como consecuencia de ellos, se ha producido desplazamiento masivo, hambre y saqueo de animales, precisa.

"Las abusivas milicias en el centro de Malí están cometiendo asesinatos y caos y dejando decenas de muertos tras su estela", ha denunciado la directora para el Sahel de HWR y autora del informe, Corinne Dufka. "El ritmo y la brutalidad de la violencia es alarmante, como lo es el que el Gobierno no haya investigado y llevado ante la justicia a los responsables", ha lamentado.

En este sentido, HRW sostiene que el presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, debería garantizar que las fuerzas de seguridad protegen de forma imparcial a todos los civiles en riesgo de ataques por parte de las milicias y los grupos armados islamistas. Asimismo, las autoridades judiciales deberían investigar y procesar a los grupos responsables de abusos.

"El deterioro de la violencia en el centro de Malí empuja a miembros de todos los grupos étnicos al círculo vicioso de violencia e impunidad", ha advertido Dufka. "El Gobierno maliense y sus aliados tienen que hacer frente a esta inseguridad frontalmente antes de que se derrame más sangre", ha reclamado.

Testigos han descrito a la ONG el asesinato de 156 civiles peuhl por presuntos grupos de autodefensa bambara y dogon. Entre ellos figuran diez masacres en las que unas 23 personas fueron asesinadas en un mismo día, la más reciente de ellas el pasado noviembre. Además, unos 50 peuhl, incluidos niños, que fueron detenidos por las milicias o huyeron de los ataques permanecen desaparecidos.

Por otra parte, los testigos han contado que grupos armados islamistas, presuntamente apoyados en ocasiones por grupos de autodefensa peuhl, han matado a 46 residentes dogon. Entre los fallecidos figura un profesor musulmán y varios niños, algunos de los cuales fueron quemados vivos durante los ataques contra sus aldeas. Además, al menos diez dogon han muerto por artefactos explosivos colocados por presuntos islamistas este año.

Según HRW, líderes de todas las comunidades han denunciado que las fuerzas de seguridad malienses han sido a menudo lentas en su respuesta y en ocasiones no les han protegido de ataques por grupos islamistas o milicias de autodefensa.

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