“Las sanciones involucran a individuos que, en opinión del Gobierno de Canadá, son responsables o cómplices del asesinato extrajudicial del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre de 2018”, anunció la agencia estatal Global Affairs (departamento gubernamental que gestiona las relaciones diplomáticas y consulares de Canadá) en un comunicado de prensa emitido el jueves.

La nota suscrita por la canciller canadiense, Chrystia Freeland, agrega que estas sanciones congelan efectivamente los activos de estas personas en Canadá y al mismo tiempo subraya que estos individuos también tienen prohibido su ingreso al territorio canadiense de conformidad con la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.

A través del comunicado, Freeland remarcó que el asesinato de Khashoggi es un hecho atroz y representa un ataque inconcebible contra la libertad de expresión de todas las personas. Asimismo, la jefa de la Diplomacia canadiense volvió a reclamar en nombre del Gobierno del premier, Justin Trudeau, una investigación “creíble e independiente” sobre los hechos para que los responsables se enfrenten a la justicia.

En la misma línea, la jefa de la Diplomacia canadiense, que llegó ayer jueves a Buenos Aires (capital argentina) en el marco de la cumbre del G20, indicó a los periodistas que “este caso no está cerrado”.

Canadá considera que “las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por Arabia Saudí carecen de coherencia y credibilidad”, si bien asegura que no suspenderá un acuerdo de venta de vehículos blindados a Riad.

Desde que estallara el escándalo del asesinato de Khashoggi, el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul (Turquía), el mundo ha sido testigo de cómo Riad ha mentido sobre el caso, primero negando la muerte del periodista, y después, con evasivas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

Los saudíes afirmaron en un primer momento que el periodista había abandonado el consulado saudí en Estambul y, solo después de semanas y una intensa presión internacional, la Fiscalía saudí admitió su muerte y algunos días más tarde dijo que el asesinato de Khashoggi fue premeditado.

Los tejemanejes de Arabia Saudí en torno al caso se consideran, según los expertos, una especie de huida hacia adelante del reino autárquico saudí en un esfuerzo por desvincular al heredero a la corona saudí Muhamad bin Salman Al Saud, del asesinato, pues, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, este ordenó directamente su muerte. Hecho que se suma a su historial de delitos de dimensión internacional como la agresión saudí a Yemen —y por tanto, de la muerte de miles de personas y de una crisis humanitaria sin precedentes— y su  involucramiento en 2017 en el “secuestro” del premier libanés, Saad Hariri.

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