Funcionarios de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa de Argentina han sido procesados este jueves por un juez federal por intentar contratar a una empresa privada sin experiencia durante la búsqueda del submarino, a finales del pasado mes de junio.

Los integrantes de las fuerzas y de la comisión evaluadora, que dependen del Ministerio de Defensa, fueron imputados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi bajo sospecha de beneficiar a la empresa española Igeotest Geosciences, según publica el medio local Página 12. La firma especializada en geología es propiedad del argentino Marcelo Devicenzi, con vínculos en la Armada, y no poseía experiencia ni capacidad para llevar adelante la búsqueda del submarino. 

De Giorgi consideró que los funcionarios miembros de la Armada —Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta y Pablo Longhi, integrante de la subsecretaría de Servicio Logístico— "omitieron aplicar la ley" al preadjudicar la búsqueda del ARA San Juan a la empresa española, que acarreaba deudas fiscales, algo prohibido en las licitaciones. 

La denuncia inicial había sido presentada por la abogada Valeria Carrera, representante de nueve esposas de tripulantes desaparecidos a bordo del sumergible, el 15 de noviembre de 2017. La demanda, apuntada contra los acusados, se hizo por los delitos de "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica y el incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública".

El 1 de junio de 2018, según el diario Clarín, los cuatro recomendaron a Igeotest, al integrar la Oficina de Contrataciones, y omitieron las cláusulas particulares y los requisitos para acceder a la búsqueda del submarino. Según la resolución judicial, la empresa no estaba en condiciones de obtener la licitación.

El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año después del último contacto, detectó la nave a 900 metros del fondo del mar.RT

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