"Este balance demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes, son datos dolorosos que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra", denunció la red la Red Nacional de Organismos Civiles de DDHH "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) en el informe "Desde la Memoria…la esperanza",.

Los estados de Guerrero, Oaxaca en el sur del país, y Chihuahua en el norte, son los más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo, con 28, 20 y 11% de todos los asesinatos, respectivamente.

Durante los seis años del gobierno saliente fueron reportadas como desaparecidas más 37.000 personas y casi 120.000 asesinadas, en el que consideran el sexenio más violento desde principios del siglo XX, cuando estalló la cruenta Revolución Mexicana.

En promedio, fueron perpetrados ocho feminicidios al día, se contabilizaron más de 500 conflictos sociales y ambientales.

Según solicitudes de información hechas por las organizaciones a las procuradurías y fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados por las autoridades.

El documento busca dejar constancia de "la impunidad que el Estado ha ofrecido" a los perpetradores de los asesinato.

"Las muertes de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato", indica la Red TDT, que integran cientos de organizaciones nacionales y estatales de larga data.

Al menos 42 de las personas defensoras de derechos asesinadas pertenecían a pueblos indígenas que forman poco más del 10% más empobrecido del país, miembros de una decena de etnias: yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil y triqui.

Gran parte de estas personas se enfocaban en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de la tierra y los territorios originarios, reseña el informe publicado con motivo del fin del actual Gobierno.

El documento contiene finalmente casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos, como las masacres ocurridas en los pueblos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, que involucran a agentes del Estado.

Sputnik

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