“La Comisión Interamericana declara que Estados Unidos, al ejecutar a Roberto Moreno Ramos (…) ha cometido una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 1 de la Declaración Americana”, dijo la CIDH en un comunicado de prensa.

Ramos Moreno, de 64 años, fue sentenciado a la pena capital en 1993 tras ser hallado culpable del asesinato de su esposa y sus dos hijos.

Su ejecución tuvo lugar el 14 de noviembre en el estado de Texas, sur de Estados Unidos.

Se trata del sexto mexicano ejecutado en EEUU en violación del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004.

En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia concluyó que EEUU había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues no permitió desde el inicio a una serie de mexicanos acusados el acceso a asistencia jurídica y consular por parte del Gobierno de México.

La CIDH recordó en su informe que en distintos momentos trató de evitar la ejecución de Ramos Moreno, señalando que “Estados Unidos era responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo”.

Por otra parte, la Comisión instó a EEUU a que revise sus leyes, procedimientos y prácticas para que los extranjeros que son arrestados sean informados sin demora de su derecho a la asistencia consular.

“La Comisión Interamericana ha tratado la pena de muerte como un desafío crucial para los derechos humanos durante décadas. (…) La CIDH reitera (…) que los Estados impongan una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia la desaparición gradual de la pena de muerte, observando que Estados Unidos es actualmente el único Estado miembro de la OEA que lleva a cabo ejecuciones por pena de muerte”, agregó.

La ejecución de Ramos Moreno se llevó a cabo por inyección letal el 14 de noviembre, luego de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas, la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito y la Corte Suprema de EEUU se negaran a emitir una suspensión desoyendo múltiples peticiones presentadas por las autoridades mexicanas y por varios organismos internacionales, entre ellos la CIDH

Sputnik

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