El Gobierno turco liberará a 38.000 presos comunes para hacer sitio a los miles de arrestados tras el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. La drástica medida ha sido tomada debido a la saturación de las prisiones del país euroasiático, donde la población reclusa ha aumentado exponencialmente durante los 14 años de gobierno islamista, hasta superar con creces el límite de plazas en las cárceles.


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La decisión ha entrado en vigor a primera hora de la mañana de este miércoles en forma de un nuevo decreto ejecutivo que permite el vigente estado de emergencia (no necesitan de aprobación parlamentaria) y supone una modificación en la actual ley, por la cual los condenados a cárcel podrán optar a libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena, en lugar de dos tercios de ella, como ocurría hasta ahora. “Aproximadamente unos 38.000 presos podrán beneficiarse de esta medida”, explicó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, subrayando que “esto no es una amnistía”. El ministro matizó además que no podrán optar a estos beneficios quienes hayan sido sentenciados por asesinato, homicidio involuntario, uso de la violencia contra familiares o personas indefensas, crímenes sexuales, violación de la privacidad y espionaje o terrorismo, o hayan sido condenados tras el 1 de julio.

El motivo que subyace tras esta medida es la necesidad de hacer espacio a nuevos ocupantes. Desde la sublevación militar, 35.022 personas han sido detenidas, de las cuales 17.740 han sido imputadas y enviadas a prisión de forma preventiva (otras 11.597 han sido liberados). Pero ya antes de la asonada, la situación de las prisiones era crítica. Desde la llegada del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) al poder en 2002, la población reclusa ha aumentado de 59.429 a 187.647 personas, según datos oficiales. Solo en los primeros tres meses de este año, cerca de 8.000 personas ingresaron en prisión, superando el límite de 180.000 plazas con que cuenta el sistema penitenciario turco.

Esto ha provocado multitud de inconvenientes según Eva Tanz y Aysegül Algan, representantes de la asociación Sociedad Civil en el Sistema Penal (CISST). “Menos espacio para cada recluso, implica problemas físicos y, a la larga, psicológicos. Ya antes del golpe había problemas de falta de camas y ahora la situación ha empeorado: en algunas cárceles los presos tienen que hacer turnos, unos duermen de día y otros de noche, y, en otras, algunos duermen en el suelo. También se ha limitado el tiempo de duchas por falta de agua caliente para todos”, relatan. Además, la Asociación de Solidaridad con las Familias de Presos (TAYAD) se queja de que, en los últimos años, se ha hecho un uso abusivo de las penas de aislamiento, en las tristemente famosas cárceles de máxima seguridad de Tipo-F, lo que esta organización considera “una forma de tortura”.


Otro de los decretos aprobados este miércoles ordena el despido de 2.360 agentes de policía, un centenar de militares y 196 trabajadores de la Autoridad de Telecomunicaciones (TIB) -que ha sido además cerrada- por sus presuntos lazos con los gülenistas. El número de funcionarios y contratados en la Administración investigados y suspendidos de empleo (no de sueldo) por su supuesta pertenencia a la red del clérigo Fethullah Gülen supera ya los 75.000. Otros más de 8.000 han sido despedidos de forma fulminante, en su mayoría militares y policías.

Las Fuerzas Armadas también sufrirán una importante reconstrucción, y tendrán un mayor control civil por parte del Gobierno. Con el nuevo decreto, el presidente de la República, en este caso el islamista Recep Tayyip Erdogan, podrá elegir al Jefe de Estado Mayor entre todos los generales y almirantes de cuatro estrellas y no solo entre aquellos que comanden los Ejércitos de Tierra, Aire o Marina. “Esto incrementará la competitividad”, arguyó una fuente del Ejecutivo consultada por EL PAÍS para justificar la reforma.

Además, pilotos retirados o que fueron expulsados de la Fuerza Aérea durante pasados juicios por golpismo, podrán optar de nuevo a sus plazas, ya que las detenciones en este cuerpo de las Fuerzas Armadas han provocado que haya menos pilotos de guerra que plazas necesarias. Tras la purga, la actual ratio es de 0,8 pilotos por plaza, cuando lo habitual es que sea de 1,5.

El Gobierno turco alega que el aumento de la población carcelaria se debe a que se ha incrementado la efectividad de la Policía en la lucha contra el crimen. Pero los expertos no concuerdan con este razonamiento. “En Turquía se abusa de la prisión preventiva, antes de que haya una sentencia firme, y se envía a la gente a la cárcel con gran facilidad. La UE ha criticado varias veces esta situación”, sostiene Tanz. Además, macrojuicios como Ergenekon y Balyoz (contra supuestos planes golpistas) o KCK (contra el entorno del nacionalismo kurdo) han enviado durante la última década a miles de personas a la cárcel.

Muchos de ellos han sido liberados y, en un curioso giro del destino, ahora son los jueces, fiscales y policías que se encargaron de estos casos los que han venido a sustituirlos en la prisión, ya que muchos de ellos estaban vinculados a la cofradía religiosa del clérigo Fetulá Gülen, al que se acusa del golpe de Estado. La respuesta del Ejecutivo a la sobrepoblación carcelaria, anunciada ya antes del golpe, es la construcción de nuevas prisiones en los próximos 5 años para ampliar la capacidad del sistema penitenciario en 100.000 plazas.

Pero si las condiciones en las instituciones penitenciarias son pésimas, las de los detenidos por la policía no son mejores. De los más de 35.000 detenidos, 5.685 personas aún no han pasado a disposición judicial —el estado de emergencia amplió de cuatro a 30 los días que la policía puede retener a un sospechoso sin presentar cargos—. Las comisarías no dan abasto para alojar a tanta gente por lo que oficinas policiales, pabellones deportivos y hasta los establos del Club de Hípica de Ankara han sido utilizados como calabozos.

“Llegaban a decenas en furgonetas de policía. Había hombres y mujeres mezclados, algunas con niños. Y también ancianos”, explica a EL PAÍS una persona que fue detenida: “Las condiciones eran penosas. Muchos dormían en el suelo. Recuerdo a un hombre mayor que estaba tirado en el suelo conectado a una bombona de oxígeno. Además, solo se podía ir al baño con permiso y por turnos, porque eran mixtos. Cuando iban los hombres, no podían acceder las mujeres”. Las organizaciones de derechos humanos se han quejado de la falta de acceso a agua, comida y medicamentos, así como de los malos tratos a los detenidos; denuncias que el Gobierno turco ha rechazado tachándolas de “propaganda gülenista”.

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