La solicitud venezolana se limita a indicar que el motivo es “recibir a la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez”. Pero esta ya ha dado a entender que su objetivo es denunciar lo que Caracas ve como campañas internacionales contra el Gobierno de Maduro, incluidas las cada vez más duras declaraciones del secretario general del organismo interamericano, Luis Almagro. La canciller acudirá a un Washington en el que el Congreso estadounidense viene además de aprobar la prolongación por tres años de una ley que impone funcionarios del Gobierno de Maduro considerados responsables de violaciones de derechos humanos o de corrupción. Y Rodríguez acaba de denunciar también que el Gobierno de Barack Obama le niega visados a sus diplomáticos para acudir a eventos internacionales, lo que viola, alega, el derecho internacional. El Departamento de Estado puso en duda este miércoles las acusaciones y replicó que EE UU “facilita, de acuerdo con las leyes nacionales de inmigración, todas las peticiones de funcionarios de gobiernos extranjeros que quieren viajar a EE UU para participar en reuniones multilaterales”.
También la oposición ha acudido a la OEA
La cita del jueves, un Consejo Permanente extraordinario —es decir, en principio, a nivel de embajadores, aunque la canciller argentina, Susana Malcorra, ya ha confirmado que asistirá— tendrá lugar una semana después de que una delegación de diputados opositores le pidiera a Almagro que analice “los diferentes mecanismos” a su alcance para la “protección de la democracia” venezolana, según dijo Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Los diputados le bajaron sustancialmente el tono a su demanda de que Almagro invoque directamente la Carta Democrática, pero subrayaron la importancia de que la OEA actúe de alguna forma para “forzar la aplicación de algún mecanismo que permita superar esta situación que estamos viviendo”, agregó Timoteo Zambrano, de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Almagro anunció su disposición a estudiar la posibilidad de aplicar el documento base de la OEA, aunque hasta el momento no ha tomado una decisión.
Las implicaciones de invocar la Carta Democrática
La invocación de la Carta Democrática puede acabar en la suspensión del país afectado de la organización, tal como ocurrió en 2009 con Honduras tras el golpe de Estado que sufrió el país. Ese paso sin embargo es el último —y muy grave— de una larga cadena de medidas previas y arduas negociaciones, lo que hace bastante improbable que en el caso venezolano se pueda llegar hasta ese extremo.
No obstante, el mero hecho de invocar la Carta obligaría a los 34 Estados miembros a hacer algo que llevan años eludiendo: pronunciarse públicamente en este foro interamericano sobre la situación de Venezuela, que la oposición afirma vive una crisis institucional y económica insostenible.
Pero incluso este paso conlleva riesgos para Almagro, y para los demás países.
El Gobierno de Maduro ha dejado claro que no permanecerá de brazos cruzados ante lo que considera un “abuso flagrante del espíritu y contenido de la Carta Democrática”, en palabras del embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez.
En un escrito, Álvarez amenazó no muy veladamente con solicitar la “destitución del secretario general” Almagro si este invoca la Carta, porque Caracas lo consideraría un “intento de usurpar la autoridad y soberanía” de Venezuela.
Caracas además conoce los mecanismos para obstaculizar una discusión pública en la OEA sobre su gobierno. Ya lo hizo en marzo de 2014, cuando consiguió acallar la denuncia que la opositora María Corina Machado había llevado ante el organismo gracias a que Panamá le cedió un sitio. El año pasado, Venezuela infligió una dura derrota a Colombia cuando, por un solo voto, logró impedir el intento de Bogotá de convocar a los cancilleres de la OEA para discutir el conflicto bilateral provocado por el cierre de frontera decretado por Maduro.
Un panorama político distinto en 2016
Por otro lado, ahora es Venezuela la que asume el riesgo abriendo la puerta a que sus asuntos internos sean discutidos en público por los países de la región. Hace poco más de un año el órdago le salió solo medio bien. Rodríguez acudió a clamar en la OEA contra decisión de Washington de declarar a su país una “emergencia nacional”, extremo que sentó muy mal a una América Latina que todavía resiente el pasado intervencionista estadounidense en la región. Pero ni aun así logró Rodríguez más que apoyos de palabra, puesto que la reunión terminó tras varias horas de debate sin siquiera una declaración. Y muchos gobiernos ya le advirtieron de la necesidad de “resolver las diferencias políticas internas”.
Ahora se da un panorama más áspero para Venezuela. La región ha vivido en los últimos meses una oleada de cambios políticos que han modificado la correlación de fuerzas. Argentina ha dejado de ser un aliado casi incondicional de Caracas, que tampoco sabe ya si puede contar seguro con Brasil, imbuido en su propia crisis política. La caída del precio del petróleo ha provocado también una desbandada de fidelidades de los países caribeños que hasta hace no tanto votaban en bloque detrás de lo que propusiera Venezuela. Muchos de sus más altos representantes están de hecho esta semana en Washington, participando en una cumbre organizada por EE UU sobre energías alternativas que busca ofrecer mayor independencia de la región del petróleo, incluido el que Venezuela repartió generosamente durante años mediante su programa Petrocaribe. Y, por supuesto, Barack Obama se convirtió hace poco más de un mes en el primer presidente estadounidense que visita Cuba en casi un siglo, un gesto simbólico muy apreciado por la región.
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