El 26 de noviembre de 1985, la Guardia Civil detuvo a mi hermano Mikel en su domicilio de San Sebastián. Mi madre, que vivía en Orbaiceta (Navarra), sorprendida, viajó al cuartel donostiarra de Intxaurrondo. Allí le dijeron que no estaba y buscara en objetos perdidos. Mikel tenía 32 años”. Así comienza Lourdes Zabalza el relato del final de Mikel, pendiente de esclarecer.

Tras su detención, la familia Zabalza fue conociendo lo sucedido a Mikel por la prensa. Ninguna institución les informaba. “Un par de días después publicaron que cuando dos guardias civiles acompañaban a Mikel a localizar un zulo en Endarlaza se escapó, se tiró al río y desapareció. Me extrañó porque Mikel no sabía nadar. Guardias de Orbaiceta nos decían que le habían visto en el sur de Francia mientras un sindicato de la Guardia Civil señalaba que había fallecido en Intxaurrondo.

El 15 de diciembre, al fin, tuvimos una notificación oficial. El delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, nos llamó. Cogí el teléfono y me dijo que habían encontrado un cadáver esposado en Endarlaza. “¿Seguro que es mi hermano?”, le pregunté. “!Quien va a ser pues!”, me contestó.

“Nos dijeron que el cadáver estaba irreconocible en el Instituto Forense de Pamplona”, sigue Lourdes Zabalza. “Exigimos verlo y estaba intacto, incomprensible al permanecer en el agua veinte días pues, según algunos forenses, debía presentar lesiones y mordeduras de peces. Además, lo encontró la Guardia Civil en una zona que ya había rastreado la Cruz Roja del Mar. Un primo nuestro, detenido con Mikel, declaró que gritaba y vomitaba. Las sospechas de su muerte en Intxaurrondo tenían fundamento”.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, reconoció que Zabalza no era de ETA. Todo apunta a que se le relacionó erróneamente con un atentado de la banda. Hubo un proceso judicial que se archivó en 1988.

Lourdes Zabalza recuerda que en 1995 se reabrió el caso cuando encontraron al agente del Cesid, Alberto Perote, un testimonio escrito del sargento de la Benemérita, Pedro Gómez Nieto, en el que aseguraba que Mikel murió por parada cardíaca en el cuartel de Intxaurrondo. Pero en 2009 se volvió a cerrar por falta de pruebas. Oficialmente, Zabalza murió ahogado y la Ley de Víctimas del Terrorismo no le reconoce como víctima al no serlo de una banda terrorista.

Por la misma razón no se reconoce como víctimas a los hijos de Victoriano Aguiriano y Luisa Barandiarán, muertos por disparos de la Policía Nacional, en un control a la entrada de Vitoria el 16 de octubre de 1982. Aunque en este caso una sentencia reconoce abuso policial. El matrimonio, según el auto, dio marcha atrás a su vehículo cerca del control y escapó en dirección contraria.

Según el auto, llevaban en el vehículo cartones de tabaco rubio. Un policía hizo varios disparos a 60 metros y a los 300 se detuvo el vehículo. Estaban muertos. “Mis padres murieron a las 21,30 y lo supimos a las 24 horas por un familiar”, señala Iñaki, uno de los cinco hijos, entre 27 y 14 años. “Nadie en la Administración central ni en la vasca nos dijo nada ni se ocupó de nosotros. Nos valimos por nuestros medios con apoyo de gente de nuestro pueblo, Bergara”.

Los hijos abrieron un proceso penal que no prosperó. Entonces, iniciaron un procedimiento administrativo y dos años después una sentencia reconoció “desproporción en grado sumo” en la actuación policial y una indemnización de 10 millones de pesetas a repartir entre los cinco hijos.

El caso Lasa-Zabala

Un caso similar, por existir una sentencia condenatoria sin reconocimiento de la condición de víctima, es el de Lasa-Zabala, uno de los más conocidos. José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA, fueron secuestrados en octubre de 1983 por guardias civiles en Francia; torturados en San Sebastián y asesinados y enterrados en cal viva en Bursot (Alicante). Cuando reconocieron sus restos en 1995, la familia abrió un proceso penal y, en 2000, la Audiencia Nacional condenó a 365 años por asesinato a un gobernador civil, un general de la Guardia Civil, un sargento y dos guardias.

El Tribunal Supremo y el de Derechos Humanos de Estrasburgo lo confirmaron. Pero a la familia Lasa-Zabala no se les reconoce como víctimas porque los autores del crimen son funcionarios del Estado y no de una banda terrorista. Asun Lasa, hermana de José Antonio, denuncia por ello “trato desigual” con los culpables porque los del caso Lasa-Zabala “pasaron poco tiempo en la cárcel, pese a la gravedad de sus delitos, mientras que los de ETA cumplen mucha más condena por los suyos”.

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