El martes, 12 de agosto, se cumplieron cinco años desde una de las peores masacres de civiles en la historia reciente de Egipto, mientras que los verdaderos responsables andan libres. En aquel día, las fuerzas de seguridad egipcias lanzaron un ataque violento contra un campamento de protesta en la plaza Rabaa al-Adawiya en la capital, El Cairo, acabando con la vida de cientos de personas.

La mayoría de los asesinados eran seguidores de Mohamad Mursi, el primer presidente egipcio elegido democráticamente, que había sido derrocado el 3 de julio del mismo año en un golpe militar organizado y ejecutado por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas y el actual presidente del país, Abdel Fatah al-Sisi.

En un comunicado emitido el martes, Amnistía Internacional (AI) cifró en más de 900 personas el número de los manifestantes asesinados por los militares y enfatizó que el suceso supuso un “punto de inflexión” que ha amparado la violación de los derechos humanos desde entonces.

“El fracaso repetido de las autoridades egipcias a la hora de respetar los derechos de los manifestantes y el fracaso a la hora de hacer rendir cuentas por los asesinatos en masa ha contribuido a (...) que las fuerzas de seguridad se sientan con el poder de violar los derechos humanos”, declaró en la nota la directora regional de Campañas de AI, Najia Bounaim.

En términos similares, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) arremetió el lunes contra las autoridades egipcias por no enjuiciar a los responsables de este crimen y lamentó que busquen protegerlos de la Justicia.

“La única respuesta” por parte de las autoridades a la muerte de 817 “manifestantes pacíficos” ha sido “intentar proteger de la Justicia a los responsables de esos crímenes”, denunció HRW.

El Parlamento egipcio aprobó en julio una polémica ley, apoyada por Al-Sisi, que blinda a los altos mandos del Ejército de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 2013 y 2016 y les otorga rango vitalicio de ministro dentro del país e inmunidad diplomática en el extranjero.

Hasta ahora ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado por la muerte de los manifestantes, mientras que ha habido una masiva persecución política y militar contra los miembros y partidarios de los Hermanos Musulmanes (HHMM), del que era un miembro Mursi. Cientos de los miembros de este movimiento, declarado ilegal por Al-Sisi, han sido condenados a muerte por cargos como “incitar a la violencia”.

HispanTV.es

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