Bruselas rebaja la ambición de su reforma del sistema de asilo a cambio de penalizar con dureza a quienes no participen. La Comisión Europea presenta hoy una propuesta para cambiar el marco común, con un mecanismo de distribución automática de refugiados que se activa si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir. El Ejecutivo comunitario plantea sanciones en dos vías: los países que rechacen repartirse a esos demandantes de asilo pagarán unos 250.000 euros por cada persona a la que dejen de acoger. Y por primera vez los refugiados que vulneren las reglas se enfrentarán a multas.
La crisis de refugiados dinamitó el principio de que cada demandante de asilo debe presentar su solicitud en el primer país de la UE al que arriba. Bruselas planteó en abril una opción de compartir responsabilidades desde el primer refugiado que pusiera un pie en suelo comunitario, pero apenas un tercio de los Estados (entre ellos Alemania, Italia y Grecia) respaldaba la mutualización. Para vencer resistencias, el Ejecutivo comunitario propondrá hoy que cada país siga tramitando sus peticiones hasta un cierto nivel; si se supera, habrá un mecanismo llamado corrector y de justicia para trasladarlas a otros Estados. La propuesta figura en un documento de 111 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS.
A cada Estado se le asignará un número de demandas de asilo consideradas asumibles en función de su PIB, su población y el número de refugiados que ha acogido desde países terceros. Si el país recibe un 50% más de ese número, se activará el reparto automático. Será la agencia europea de asilo (EASO, por sus siglas en inglés) la que fijará la clave de reparto y la que controlará todo el proceso, lo que implicará ampliar sus competencias.
El esquema sigue la lógica del mecanismo de emergencia activado en septiembre para repartirse a 160.000 refugiados en dos años, que sigue vigente, aunque apenas ha logrado el 1% de sus objetivos. El nuevo sistema sería permanente, para aplicar en cualquier otra crisis venidera. Pero, además, reforma otros elementos del marco común de asilo para agilizar las decisiones y perseguir más eficazmente los casos de fraude.
LAS CLAVES DE LA PROPUESTA
Nuevas reglas. La Comisión propone cambiar la llamada Regulación de Dublín, que establece unos mínimos en los sistemas de asilo europeos. La propuesta mantiene la obligatoriedad de presentar la solicitud en el país de llegada, pero plantea un sistema de reparto para casos de presión excesiva en uno o varios Estados.
Multas. La propuesta comunitaria, que ahora deberán pactar los Estados miembros y la Eurocámara, fija multas disuasorias para los países que rehúsen repartirse a los refugiados y sanciones por definir para los demandantes que vulneren las reglas.
Agencia de asilo reforzada. La actual agencia EASO verá ampliadas sus competencias y dispondrá de un contingente de 500 personas que podrán desplegarse en los países con problemas. Esta entidad controlará el reparto de asilados, sin interferencias de los países.
Sanciones recíprocas
Consciente del rechazo que suscita la idea de reparto en algunos países —principalmente en el bloque del Este—, la Comisión fija desde el principio una penalización muy disuasoria para que nadie se desvincule. Frente a los aproximadamente 12.000 euros de coste anual que supone integrar a cada refugiado, según estimaciones comunitarias, el brazo ejecutivo de la UE propone 250.000 euros por cada refugiado que se rechace. Ese dinero debe abonarse al Estado miembro que finalmente se haga cargo de la persona. Y la exclusión del sistema solo podrá plantearse en principio por un año.
Fuentes europeas alertan de que la cifra es controvertida y que tras el debate de hoy en el colegio de comisarios podría verse modificada. Pero el borrador de regulación al que ha accedido este diario recoge esa cantidad. Se trata, en todo caso, de una suma muy elevada que los Estados miembros tratarán de rebajar —e incluso de eliminar por completo— cuando tengan que legislar sobre la propuesta.
El principio de sanción a los Estados ya figuraba, en todo caso, en la norma de reubicación de 160.000 asilados desde Grecia e Italia. La verdadera novedad ahora consiste en extender el castigo también a los demandantes de asilo. Una de las razones por las que el sistema actual no funciona reside en la frecuente movilidad de los candidatos a protección. El 24% presenta sus papeles en más de un Estado y muchos solo aceptan registrarse en los países considerados más benévolos en el trato a los refugiados. El resultado es que Alemania y Suecia han asumido buena parte de la carga de los asilados en esta crisis.
Para evitar situaciones similares, la Comisión exige a los refugiados que se queden en el país donde presentan su solicitud o donde sean reubicados. Si no lo hacen, se enfrentan a “consecuencias proporcionadas de procedimiento” o a que su solicitud se tramite “de manera acelerada”, lo que implica menores posibilidades de éxito. Para disuadir los desplazamientos entre países, se plantea ofrecer prestaciones a los asilados solo en el territorio donde deban permanecer, “con la excepción de cuidados sanitarios de emergencia”.
La iniciativa de la Comisión demuestra también que las devoluciones de refugiados pactadas con Turquía bajo la premisa de que constituye un país seguro sientan un precedente. Bruselas insta a los Estados a evaluar “si la solicitud [de asilo] es inadmisible” en caso de que el demandante venga de un país considerado seguro. En esas circunstancias, “el solicitante será retornado”, aclara el texto. Se consagra así el controvertido principio acordado con Turquía para frenar los flujos a través del mar Egeo.
La presentación de esta propuesta el mismo día que Bruselas aboga por eximir a los turcos del requisito del visado dista de ser casual. Con la iniciativa de asilo, más del gusto de Parlamento Europeo, la Comisión quiere allanar el terreno a la liberalización de visados, que plantea muchas reservas a los eurodiputados.
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