Según crece el número de muertos y las protestas se alargan, la comunidad internacional empieza a mirar hacia Nicaragua y a condenar las prácticas autoritarias del presidente Daniel Ortega. El sandinista pensó que las manifestaciones serían pronto disueltas, pero probablemente infravaloró a los estudiantes, «verdaderos pulmones» de esta primavera nicaragüense. Todo dependerá de hasta cuándo los jóvenes mantengan «las calles calientes».

El último polvorín es la ciudad de Masaya, un antiguo bastión sandinista sublevado ahora contra Ortega, convertido en un campo de batalla donde cientos de manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con armas caseras a policías antimotines que los reprimieron desde primeras horas. Hubo saqueos, incendios y disturbios contra el régimen, que dejaron al menos cinco muertos el sábado, incluido un estadounidense, asesinado en extrañas circunstancias.

Las protestas se vuelven además más violentas y organizadas. En Masaya pudieron verse barricadas de madera, alambre y cemento. Los manifestantes con el rostro tapado con banderas nicaragüenses portaban armas como morteros, cócteles molotov e incluso arrojaban adoquines arrancados de las aceras. Las protestas se han ido extendiendo a al menos otras seis ciudades.

Los manifestantes demandan la renuncia del presidente Ortega en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron el 18 de abril en rechazo a una reforma del sistema de pensiones. En estos 48 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años ochenta, han muerto 108 personas y cerca de un millar han sido heridas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En las últimas dos semanas, la violencia en Nicaragua se ha recrudecido pese a los llamamamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la ONU, la Unión Europea o de Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua. Según Amnistía Internacional, el Gobierno de Ortega usa fuerzas paramilitares, conocidas como «turbas», para reprimir las protestas.

En este contexto, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró ayer en Managua su primera reunión con representantes del Gobierno para fijar una reforma electoral. Nicaragua no está en la agenda oficial de la asamblea anual de OEA que comienza hoy en Washington, pero a buen seguro se terminará colando en las conversaciones. El secretario general de este organismo, Luis Almagro, duramente criticado por opositores de Ortega, aboga por una salida electoral a la crisis política del país, pero niega que Nicaragua sea una dictadura. «Estamos muy lejos de Cuba y Venezuela», dijo. Durante las pasadas elecciones de 2016, a través del Supremo, Ortega se encargó de inhabilitar a la oposición y sin rival alguno alcanzó cómodamente la reelección, pese a que dicho mecanismo no está contemplado en la Constitución. Dominando todos los poderes junto a su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo –apodada «la Bruja» por la oposición por sus aficiones a los ritos y la santería–, controla los principales medios. El Ejército también es fiel al sandinismo.

larazon.es

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