España y Portugal se exponían a una multa de hasta el 0,2% del PIB: unos 2.200 millones en el caso español. La Comisión presentó el lunes tres opciones: la cancelación del procedimiento de infracción —la posibilidad preferida por el comisario Pierre Moscovici—, la multa máxima (esos 2.200 millones, que quedaron descartados) y una sanción de 1.100 millones propuesta por el vicepresidente Valdis Dombrovskis. Esa cifra se consideraba demasiado castigo. Dombrovskis ha planteado hoy hasta 500 millones de multa, pero finalmente el ala dura de la Comisión Europea ha salido derrotada.
A cambio, Bruselas establece unas nuevas metas fiscales muy duras para España y Portugal, con objetivos del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% en 2017 y el 2.2% en 2018. La Comisión estrechará la vigilancia sobre las cuentas públicas, con informes trimestrales. Y quiere un presupuesto austero para 2017, con un recorte estructural de 5.000 millones —sin tener en cuenta el ciclo económico—.
Algunos de los principales expertos internacionales habían manifestado días atrás su rechazo a la sanción alegando que sería contraproducente en la tesitura actual, con un ramillete de riesgos económicos y políticos al acecho que han podido pesar en la decisión de Bruselas. La decisión se ha demorado hasta el último momento, tal y como admitía hace menos de una semana el comisario europeo Miguel Arias Cañete: “Todo está completamente abierto”, decía sobre el procedimiento de infracción a España y Portugal y la nueva senda del déficit público, que marcará los presupuestos de 2017 y la política económica de España durante la próxima legislatura.
El País
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