Nabi Avci, ministro de Cultura y Turismo de Turquía, no utiliza eufemismos para explicar las más de 60.000 destituciones y detenciones de funcionarios en los últimos días: están haciendo una limpieza. Avci, que hasta hace unos meses estaba al frente del Ministerio de Educación, uno de los que más destituciones ha sufrido, incluso señala a esa incipiente purga como un detonante más que como una consecuencia del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio, ya que los sublevados, dice, adelantaron su intentona de tomar el poder al ver que el gobierno emprendía reformas para expulsarlos. Avci concede una entrevista en un hotel de Madrid, tras una reunión con la Organización Mundial de Turismo, en un viaje que pretendió enviar el mensaje de que Turquía vive un clima de normalidad pese al estado de emergencia decretado.

"Tenemos un paquete de reformas del poder judicial que hemos presentado ante el parlamento turco", explica Avci. "En esa reforma ya habíamos previsto hacer una limpieza de las personas sobre las que teníamos indicios de pertenencia a la organización. Y ellos tuvieron información de que habían sido detectados, que estaban en esa lista de personas a detectar y a eliminar, a sacar de las instituciones del país. Dentro de las fuerzas armadas tenemos un consejo militar que se reúne en agosto; los que se sublevaron se dieron cuenta de que muchos de ellos iban a ser destituidos en ese consejo. Habían programado este golpe para hacerlo con más detenimiento, para más adelante, pero al darse cuenta, lo adelantaron, porque les entró el pánico".

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La organización a la que se refiere es la encabezada por el clérigo Fetulá Gülen, que ya ha sido declarada una agrupación "terrorista" e "ilegal" por el Consejo de Seguridad turco, integrado por ministros y mandos militares responsables de la seguridad del país.

El ministro descarta que haya habido otros factores políticos que propiciaran el levantamiento, como la escalada militar impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdogan contra la guerrilla kurda, o sus deseos de cambiar el sistema político del país por uno presidencialista, lo que ha generado tensiones dentro del propio partido Justicia y Desarrollo (AKP), incluida la dimisión, en mayo pasado, del entonces primer ministro, Ahmet Davutoglu. Las motivaciones del fallido golpe, asegura Avci, están en una "purga" anterior de 7.000 policías, la reforma judicial y las reformas en Educación emprendidas hace cuatro años para quitarle poder a las academias y colegios privados fundados por Gülen.

Avci conoce el tema de primera mano, ya que hasta mayo fue ministro de Educación. "Esto no ha sido solamente una acción militar; ha sido una sublevación contra la República de Turquía, hacia el pueblo turco, de un organismo que estaba infiltrado en todas las instituciones del Estado", afirma. Preguntado sobre el alcance de la red de los seguidores de Gülen, que antes había sido aliado de Erdogan, Avci lo asume como un error del gobierno: "Nos hemos equivocado y hemos creído en su faceta de educadores. Ha sido un error".

Después de la intentona golpista, el gobierno bloqueó el acceso a 20 sitios web de noticias, revocó la licencia de 25 medios de comunicación, canceló la tarjeta de prensa de 34 periodistas y según medios locales ha decretado orden de arresto para (arrestado a) otros 42 comunicadores. Turquía se halla en la posición 151 de 180 en cuanto a libertad de expresión según la organización Reporteros sin Fronteras.

Sin embargo, el ministro Avci niega que ambas cosas tengan relación. "Sí, esas críticas las conocemos. Pero no tienen nada que ver con este intento de golpe. A esas cadenas de televisión les hemos anulado la licencia porque utilizaban su poder de masas para hacer chantajes", afirma.

El responsable de la cartera de Turismo turca quiere transmitir tranquilidad en el exterior. Confía en que no habrá implicaciones para el acuerdo firmado con la Unión Europea para que los refugiados sean deportados a ese país, ahora considerado seguro: "Todas las cláusulas que estaban dentro de ese acuerdo, Turquía ha cumplido con su parte". Recuerda que la pena de muerte ha sido abolida en el país y no podría ser restituida por decreto. Y aunque las detenciones y destituciones se cuenten por miles, Avci insiste en que el ambiente en las calles del país es de normalidad.

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