"Exigimos la renuncia de todas las autoridades que han traicionado nuestra lucha en defensa de nuestro territorio y recursos naturales", dijo la resolución principal aprobada por un cabildo o asamblea general de ciudadanos dirigida por el comité cívico regional.

El cabildo, cuyas resoluciones no tienen carácter vinculante pero pueden lograr efectos políticos, se realizó horas después de que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentara oficialmente un estudio que confirma que el rico yacimiento de gas natural Incahuasi está totalmente en el departamento de Santa Cruz y no en Chuquisaca.

La asamblea culminó las movilizaciones lideradas por el comité cívico en las dos semanas pasadas en reclamo de Incahuasi, incluida una huelga regional y bloqueos de carreteras que fueron levantados el lunes tras la divulgación anticipada de las conclusiones del estudio que hizo la consultora canadiense Sproule.

La asamblea callejera, a la que según medios locales concurrieron millares de dirigentes y vecinos de Sucre, la capital regional, exigió la renuncia del gobernador departamental Esteban Urquizu, el alcalde de la ciudad y el rector de la universidad pública, todos del Movimiento al Socialismo del presidente Morales.

El gobernador Urquizu aseguró inmediatamente que no renunciará y denunció una supuesta injerencia de políticos de extrema izquierda, que señaló como "troskistas", en el comité cívico.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, insistió en declaración a los medios estales en que las movilizaciones de Chuquisaca "han tomado al caso Incahuasi sólo como un pretexto para buscar desestabilización y desgaste del Gobierno nacional".

La resolución de la asamblea planteó también "una verdadera nacionalización de los hidrocarburos", denunciando que transnacionales como la francesa Total, la rusa Gazprom y la argentina Tecpterol, que operan Incahuasi, "han jugado un sucio papel en el conflicto inclinando la balanza hacia Santa Cruz".

Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006, con un modelo en el que YPFB es propietaria de la industria y titular de hasta el 82 por ciento de los ingresos, correspondiendo el saldo a las compañías extranjeras como operadoras de servicios.

El campo Incahuasi está en explotación desde fines de 2016 y ha generado para Santa Cruz, en el 2017, regalías por unos 60 millones de dólares, al margen de impuestos ordinarios.

Su producción actual es de tres millones de metros cúbicos diarios (mmcd) y subirá a 6,9 mmcd en un plazo de dos años para ser destinada a los mercados de Argentina y Brasil, según YPFB.

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