Este jueves 10 de mayo comenzaron en Washington, de modo oficial, las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acordar un nuevo préstamo de la entidad financiera hacia aquel país sudamericano, en medio de la incertidumbre económica que preocupa a sus ciudadanos. El acercamiento del Gobierno de Mauricio Macri hacia el organismo liderado por Christine Lagarde ya dejó de ser un secreto.

El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, se encuentra en territorio estadounidense realizando el pedido formal de financiamiento: "Ha solicitado que nuestros equipos trabajen juntos con miras a un Acuerdo de Derecho de Giro ('Stand-By') de alto acceso para apoyar el programa económico integral de las autoridades", expresa la propia Lagarde en un comunicado oficial. En aquel mensaje del FMI también se destaca su "firme respaldo a las reformas realizadas por Argentina".

Los diálogos formales recién comenzaron; por lo pronto no hay datos certeros sobre sus implicancias económicas o sociales. Días atrás, el 9 de mayo, Clarín estipulaba que el préstamo rondaría en los 30.000 millones de dólares. Al día siguiente, El Economista publicó que la intención del Poder Ejecutivo local es conseguir 40.000 millones. Sin embargo, desde el FMI y el Ministerio de Economía argentino no se brindan detalles sobre cómo avanza el posible acuerdo.

Contexto difícil
Mientras tanto, la devaluación de la moneda en aquella nación continúa en aumento: el 11 de mayo el valor de cada dólar estadounidense alcanzó otro pico histórico hasta llegar a los 23,46 pesos, mientras que en algunos bancos privados se ofrecía hasta por 24,50. Según grafica La Nación, el 26 de abril de este año equivalía a 20,84 pesos, y el 1 de diciembre del 2017 un dólar costaba 17,55, reflejando una fuerte escalada en muy poco tiempo. 

La inestabilidad monetaria produce un aumento generalizado en los precios de bienes y servicios, conocido como 'inflación'. Para explicarlo con un ejemplo sencillo: si un empresario que produce aceite de oliva vende cada botella a un dólar fuera de Argentina y a 17,55 pesos en el país latinoamericano, tras la devaluación, para que el mercado interno le siga resultando apetecible, el precio aumentará hasta acercarse al valor en dólares que obtiene en el exterior, en este caso 23,46 pesos. Cuando esto ocurre, repercute y produce aumentos en otros productos, generando un efecto en cadena. 

El mayor inconveniente radica en que mientras los valores aumentan, los salarios se negocian en ciertos períodos específicos del año. Es decir que, a menos que el Estado, las empresas y los gremios hayan estipulado los índices inflacionarios con cláusulas especiales, la capacidad de consumo de muchos trabajadores se verá reducida hasta retomar la discusión por los sueldos.

La devaluación del peso tiene múltiples factores: "Como disparador tuviste el contexto internacional, con la suba de las tasas de interés en EE.UU., y la caída de las monedas emergentes. A partir de ahí, en Argentina toma una dinámica propia. A su vez, los grandes tenedores de títulos de deuda emitidos por el Banco Central —llamados 'Lebac'— los vendieron para comprar dólares", explica en entrevista el economista Agustín D'attellis. De pronto, los grandes jugadores de la economía se lanzaron todos juntos hacia la moneda estadounidense, situación que colaboró en la suba de su valor. 

Desde otro punto de vista, la exdirectora del Banco Nación, Agustina Rossi, aseguró a Radio Zónica que el dólar aumentó su cotización por las influencias de aquellos actores que comercializan en el exterior sus productos primarios, como la soja: "Hay sectores de nuestra economía concentrados que viven en dólares y se hacen más competitivos cuando consiguen devaluar la moneda", opinó. 

A su vez, D'attellis explica otros aspectos esenciales para comprender este delicado momento argentino: "Hay un déficit fiscal en el frente externo que equivale a 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), aproximadamente 25.000 millones de dólares anuales", repasa. El déficit fiscal interno, comenta el experto, abarca unos seis puntos del PBI, pero como es en pesos la situación es más controlable.

"Hay una acumulación de deuda en los últimos dos años muy fuerte y el planeta cambió con el cierre de los mercados internacionales a principio de año. Los riesgosde Argentina, al ser un país emergente, son más altos por el contexto mundial", comenta el docente en la Universidad de Buenos Aires. 

Entonces, ¿por qué se acude al FMI?
El especialista en macroeconomía no se anda con rodeos: "Necesitan al Fondo para justificar un ajuste que vienen postergando, ya a esta instancia consideran que es inevitable hacerlo", vaticina. Más en profundidad, considera que "el Gobierno busca evitar una catástrofe, en el corto plazo". Desde su punto de vista, el Ejecutivo intenta obtener un poco de fuerza para "hacerle frente a la 'corrida bancaria' —considerable retirada de fondos del sistema— y la devaluación del peso", aumentando las arcas del Banco Central (BC). 

"La fuerza que tenés son las reservas del BC, pero en el caso argentino son escasas, aunque el Gobierno se esfuerce en decir que son fuertes —la agencia estatal de noticias afirmó el 10 de mayo que hay 56.322 millones de dólares—, lo cierto es que son dólares prestados, con deuda. Es decir, por cada dólar que entra, aumenta el activo, pero también el pasivo", subraya D'attellis. 

Y continúa: "Además, el stock de reservas no alcanza para afrontar una 'corrida bancaria' ni de cinco minutos". Según el académico, Argentina "fue quemando instrumentos, hasta que llegó al Fondo muy improvisadamente". Sobre ello, criticó: "Dijeron que iban a negociar con el FMI sin tener ningún acuerdo, viajaron de urgencia para allá, arrodillados a pedir algo". Según D'attellis, la devaluación de los próximos días será todavía mayor. 

Fuerte rechazo social
El Fondo Monetario Internacional se convirtió en una mala palabra para gran parte de la sociedad argentina. Se relaciona al organismo con el financiamiento de modelos económicos dictatoriales y democráticos, principalmente en los 90, cuyo direccionamiento concluyó en la crisis económica y el estallido social del 2001.

En aquella década, al igual que en muchos países del mundo, se impulsó el achicamiento del Estado y la privatización de servicios y empresas que solían ser públicas, como aerolíneas, ferrocarriles, telefónicas y la red de agua, entre otros. Además, la desregularización del mercado y la apertura a las importaciones, que competían con la producción local, generaron el cierre de empresas y fábricas, causando altos niveles de desempleo.

Según repasa Ámbito Financiero, para 1999, durante el Gobierno de Fernando De la Rúa, casi todas las medidas económicas eran consultadas con el FMI. Sin embargo, vale destacar que la entidad otorgó préstamos al país en varios períodos de la historia. En 2006, bajo el mandato de Néstor Kirchner, se terminaban las relaciones con aquel instituto, ya que se pagaron 9.800 millones de dólares al contado, saldando la deuda completa.

La efervescencia política en aquel momento estuvo acompañada por discursos oficialistas que hablaban de la emancipación económica: "Queremos volver a ser independientes y volver a manejar nosotros los resortes de nuestro país", había expresado Kirchner en un acto gubernamental de 2005. 

En la actualidad, tras conocerse el pedido de financiamiento por parte del Gobierno de Macri, la oposición política y gran parte de la sociedad mostró su repudio. Entienden que el Fondo pondrá condicionamientos de achicamiento del gasto público estatal para poder afrontar los futuros vencimientos del pago de la deuda. Así las cosas, el ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca, aseguró en la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba que el acuerdo con el FMI no incluye imposiciones en materia laboral: "No hay ningún planteo en ese sentido", desmintió. 

Desde la oposición, lógicamente, la postura es contrapuesta. "Vienen siempre con las mismas recetas, de ajustes en educación, despidos en el Estado o ataques a los jubilados. Lo que vaya a decir, ya lo sabemos", arremetió Myriam Bregman, dirigente de la izquierda local, durante una manifestación frente al Congreso el 9 de mayo, cuando miles de ciudadanos reprocharon la actitud gubernamental. Mientras tanto, las negociaciones continúan en Washington. 

Leandro Lutzky

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