En una nueva reunión de Manuel Valls con los representantes de media docena de organizaciones juveniles, el primer ministro anunció el plan para combatir “la precariedad” que denuncian esos movimientos “a los que hay que escuchar” porque exponen “una inquietudes profundas”. Los jóvenes con medios familiares escasos recibirán hasta 460 euros al mes los cuatro meses posteriores a la conclusión de sus estudios.
Esa ayuda, mientras buscan trabajo, costará 130 millones al erario público. Otros cien se destinarán a que el Estado sea garante de todo alquiler de casas por parte de menores de 30 años. Y 80 más para que los aprendices tengan mejores salarios. Las becas se incrementarán un 10% y se crearán 2.000 plazas más al año para formar técnicos superiores.
Eran las reivindicaciones de la principal organización juvenil, la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia). Por eso, su líder, William Martinet, calificó de “buena respuesta” y “buena noticia” lo expuesto por el primer ministro. Y aún más “satisfecho” se mostró cuando explicó que Valls ha aceptado incluir en la polémica reforma laboral un sistema para que paguen mayores cotizaciones sociales los empresarios que firmen contratos temporales (el 90% de los casos en la actualidad) en lugar de indefinidos.
Sin embargo, Martinet ha lanzado un jarro de agua fría al Gobierno al declarar que, pese a todo, su organización seguirá participando en las protestas y movilizaciones contra la reforma. Se han registrado ya seis a nivel nacional en mes y medio y la próxima está convocada para el 28 de abril. “Es una mala ley”, reiteró Martinet, en línea con el resto de organizaciones juveniles.
Otro foco de movilizaciones cada vez más activo es de los indignados. El movimiento reúne a diario a una media de 2.000 personas en asambleas en la plaza de la República de París. Arrancó el 31 de marzo tras la mayor protesta callejera contra la reforma laboral. Ya ha prendido en decenas de ciudades.
Este fin de semana, algunos participantes provocaron los primeros incidentes. Sobre todo el viernes por la noche, cuando decenas de activistas intentaron un escrache junto a la casa de Valls, que estaba de viaje en Argelia. Decenas de jóvenes quemaron ese día contenedores y mobiliario urbano, lanzaron piedras contra bancos y otros establecimientos, y finalmente fueron conducidos de nuevo a la plaza de la República por unidades de antidisturbios.
En la mañana de este lunes, la policía ha desalojado a los indignados. Lo ha hecho a diario desde el 31 de marzo. Pero esta vez, y protegidos por la policía, los servicios de limpieza han retirado todas las diversas instalaciones (biblioteca, estudios de radio y televisión, centro de acogida…) y hasta las pancartas en farolas o junto a la estatua de Marianne que preside la plaza. Los indignados han anunciado en las redes que mantendrán las asambleas diarias y el ayuntamiento de París prevé prorrogar de nuevo las autorizaciones para hacerlas.
Mientras, las cesiones a los jóvenes y las modificaciones en la reforma laboral están originando un fuerte malestar en la patronal francesa (Medef), una de las pocas instituciones que apoyó el texto inicial del proyecto de ley de reforma laboral. Junto con el Ejecutivo, también el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta, se dispone a suavizar la ley, que prevé facilitar los despidos y abaratarlos en aras de la competitividad.
El líder de la patronal, Pierre Gattaz, ha declarado a Le Figaro: “Lanzo la voz de alarma. Y digo basta” ante un proyecto que ya es “un monumento a la complejidad”. Su organización ha afirmado este lunes que, al aumentar las tasas sociales en los contratos temporales, el Ejecutivo perpetúa una norma no escrita "de larga tradición" según la cual la solución es "crear un nuevo impuesto para cada problema nuevo".
En este ambiente cada vez más tenso en el país, el presidente François Hollande se expondrá el próximo jueves durante 90 minutos a las preguntas de periodistas y otros cuatro ciudadanos seleccionados por un canal de televisión. El jefe del Estado, que se ha visto forzado incluso a retirar su medida antiterrorista estrella, sufre una fuerte contestación interna en su propio partido y sus horas más bajas de aceptación de la opinión pública. Ocho de cada diez franceses no quieren verlo de nuevo como candidato, según una encuesta del Journal du Dimanche.
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