En total, el apoyo vasco le va a costar a las cuentas públicas 1.500 millones en 2018 y otros 1.800 en 2019, según las cifras que ha ofrecido el ministro de Hacienda en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros.

Esta cuantía que tanto él como los expertos consultados considera“asumible” será compensado con un menor gasto en intereses de la deuda pública y también con el menor coste del estimado para rescatar a las autopistas. En principio, los presupuestos contemplaban una dotación de 2.397 millones de euros que dada la deriva de los procesos judiciales en los que están implicadas las concesionarias se espera que sea menor, según Montoro. Aunque el titular de Hacienda no ha precisado cuánto menor.

Con estos dos capítulos, quedaría compensado el desvío presupuestario, por lo que en el Programa de estabilidad 2018-2021 que el ejecutivo va a presentar a la Bruselas el próximo martes, el objetivo de alcanzar un 2,2% de déficit público en 2018 permanece inalterable.

Aunque no todos los expertos lo tiene tan claro como el gobierno. “Esto es un aumento del gasto sin ninguna duda. ¿Qué es asumible? ¡Claro! siempre hay partidas que se comportan mejor de lo presupuestado a lo largo del año capaces de compensar una cuantía como esta”, explica Eduardo Bandrés, director de Economía Pública de Funcas.

Pero eso no significa, puntualiza este economista que no impacte en el déficit. “Si no hubiera que gastar esos 1.500 millones en compensar pensiones, estos los supuestos ingresos extras con los que el Gobierno ha dicho que lo va a compensar podrían servir para reducir el déficit por debajo del 2,2%, por ejemplo”.

Pérdida de credibilidad internacional

Pero el motivo por el que con más probabilidad las autoridades europeas iban a sacar los colores a Román Escolano, en su próxima cita con los mandatarios de Bruselas, está más ligado a la credibilidad política que a la numérica.

El acuerdo implica, como poco, dejar en suspenso los dos pilares básicos de la reforma de las pensiones de 2013. El índice de revalorización de las pensiones, según el cual la actualización máxima era de un 0,25%, no se aplicará ni en 2018 ni en 2019. Y el factor de sostenibilidad que trata de adecuar la cuantía total de las pensiones al número de años que se prevé vaya a vivir el pensionista ya no se aplicará en 2019, sino en 2023.

El ministro ha negado que eso sea así, en su intervención en el Consejo de Ministros. Pero desde fuera se ver con otra perspectiva. “Con esta medida el populismo le ha ganado la partida a la racionalidad. Ha echado por tierra todo el esfuerzo reformista que se ha hecho desde 2013. Esta desalineado con las tendencias europeas y, sobre todo, resta credibilidad al país tanto en Bruselas, como en los mercados.”, asegura Gregorio Gil de Poza, responsable de Pensiones de la consultora Willis Towers Watson.

“Da muy mala imagen y transmite la sensación de que cualquiera llega y puede obligar a cambiar una ley y un compromiso que evite un sistema endeudado”, asegura Enrique Devesa, economista de la Universidad de Valencia y miembro del comité de expertos que en 2013 desarrolló el factor de sostenibilidad de las pensiones.

Impuesto a las grandes de Internet, como solución a largo plazo

Conscientes o no de esta lectura negativa, el Gobierno se ha apresurado a poner un parche a estos reproches. Para solventar el impacto del acuerdo del PNV a largo plazo la solución que ha comunicado el Gobierno y que el Partido Popular va a trasladar al Pacto de Toledo consiste en la creación de un impuesto especial para las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google, Apple. Etc. “Este mismo fin de semana el ministro de Economía se reúne con sus homólogos del Ecofin para tratar la imposición de una impuesto de este tipo a nivel europeo”, ha asegurado Cristóbal Montoro.

Esta idea, en estos momentos es poco más que un brindis al sol ya que carece de cualquier precisión. No hay ninguna estimación sobre su posible recaudación en el Programa de Estabilidad que se llevará a Bruselas, ni tampoco el Gobierno ha precisado mucho. “Estará en función de lo que pueda salir del Pacto de Toledo”, ha puntualizado Montoro.

Es decir, el Gobierno propone compensar las perdidas derivadas del retraso del índice de sostenibilidad por un impuesto del que se desconoce la tasa que aplicaría, ni la cuantía que recaudaría.

Impuestos sí, pero ¿finalistas?

¿Podría ser esta la solución que asegure la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo? No parece muy factible, pero no todos la ven con los mismos ojos.

A falta de mayor concreción de la propuesta, la idea se parece mucho al impuesto a la banca propuesto por el PSOE y frenado por el PP. Y cómo aquella la idea de impuestos finalistas no convence a los expertos en pensiones que buscan soluciones más estructurales.

En favor de esta propuesta juega la convicción generalizada de que es necesario ajustar los impuestos que pagan estos gigantes de Internet al negocio que consiguen en España, Europa e incluso en Estados Unidos.

Pero una cosa es eso y otra que esto pueda ser una solución para el déficit crónico en el que está sumido el sistema de pensiones español. “No me parece que vaya en la buena dirección. Tal y como se ha presentado da la sensación de que adolece de cierta improvisación”, advierte Eduardo Bandrés, de Economía Pública de Funcas.

En su opinión, la solución a largo plazo pasa por complementar el gasto en pensiones con impuestos, sobre todo para financiar el gasto redistributivo. En ese caso lo que daría estabilidad al sistema es “ligarlo a los Presupuestos Generales y no a un impuesto específico cuyo recorrido y recaudación no se puede controlar”.

El director de la Fundación de Estudios Económicos Fedea, Ángel de la Fuent e, tampoco se muestra muy convencido con la propuesta. “Hay muchas formas para tratar de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero si optamos por subir impuestos la forma que más me gusta, porque seguramente es la más equitativa, sería el IRPF”, explica.

El IRP tiene recorrido si la economía está saneada

Enrique Devesa defiende que la sostenibilidad del sistema solo se asegura respetando el Índice de Revalorización de las Pensiones. “Técnicamente no veo más remedio que volver al IRP, que es mucho más flexible de lo que pueda parecer y que si se consiguen sanear los ingresos podría implicar una actualización de las pensiones de hasta un IPC más un 0,5% adicional”, explica.

Partiendo de ese básico, hay muchas propuestas que pueden ayudar, aunque no tiene claro si la del impuesto a las grandes tecnológicas sería viable. “Según las recomendaciones del Pacto de Toledo, las pensiones contributivas se han de pagar con cotizaciones y las no contributivas con impuestos Yo también soy partidario de la separación de fuentes de financiación. Entiendo que lo que ha dicho Montoro no lo cumple, pero faltaría concretarlo”.

Un puzzle de difícil engranaje

La realidad es que la llegada de los llamados baby boomers a la edad de jubilación, unido a la mayor esperanza de vida y unas cuentas públicas cargadas de deuda deja a España ante un complicado puzzle de complicada solución.

Devesa maneja algunos datos que asustan. “Se necesitarían unos 3,4 millones de afiliados más a la seguridad social para eliminar por completo el déficit”.Otra opción sería, “bajar todas las pensiones un 19%” .

Como ninguna de ellas es asumible, el trabajo del Pacto de Toledo y de los políticos es arduo.

Lavanguardia.es

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