De ellos, 17.690 euros fueron aportados por el grupo parlamentario de Junts pel Sí, que como tal recibe subvenciones, lo que lleva a sospechar a los agentes de que esa era la procedencia de la suma que destinaron al alquiler del Teatro Nacional de Catalunya el 4 de julio.

Tras tomar declaración a los procesados por rebelión y malversación en el procedimiento, y en plena polémica con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procedió a levantar el secreto de la pieza en la abierta hace casi un mes había pedido ahondar en la investigación relativa a la financiación del 1-O. En él se eleva a 1.915.067 los 1,6 millones que ya había detectado en sus anteriores informes y con los que el juez dictó el auto de procesamiento y fijó la responsabilidad civil de los 25 encausados.

El informe, de 9 páginas y que termina remitiendo al magistrado a la investigación seguida también por malversación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, señala que el contrato de la cesión del Teatre Nacional de Catalunya fue firmado por Jordi Turull, como presidente del grupo parlamentario de JxSí, para un acto destinado a difundir la participación en el referéndum. "La organización del acto celebrado en el TNC fue gestionado y abonado por Junts pel Sí, por lo que este grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum", sostiene. La Guardia Civil, que en su momento ya pidió documentación sobre el acto del TNC, apunta a la Mesa del Parlament como conocedora de los pagos dado que los grupos parlamentarios deben darle cuenta de las subvenciones que reciben.

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Los agentes señalan que aún tienen abiertas otras líneas de investigación en relación con la malversación de posibles pagos con fondos públicos a través de los informes que realizó Carles Viver Pi i Sunyer para preparar el referéndum y el acondicionamiento de un Call Center. La Generalitat sostienen lo financió con material informático por valor de 40.227 euros y se debe determinar qué cantidad realmente se dirigió al 1-O.

El documento policial reproduce auto de procesamiento que ya declaraba acreditado el desvío de 1,6 millones de euros que se destinaron a pagar campañas de publicidad por el 1-O, material electoral y a los observadores internacionales contratados por el Diplocat. Casi un millón se camufló en partidas de las 'conselleries' de Governació, Cultura, Justícia, Empresa y Agricultura, con el acuerdo de todo el Govern.

El juez Llarena este miércoles requerió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que proporcione pruebas que justifiquen su afirmación de que no hubo malversación de fondos públicos en la organización del 1-O. Una afirmación, la del ministro, que contradice la documentación en manos del juez y que ayer mismo matizó Hacienda.

Elperiodico.es

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